La ampliación de El Prat pone a prueba la cohesión de los gobiernos que deben concretarla

Prácticamente ninguna de las partes interesadas en el proyecto para ampliar el aeropuerto de El Prat se ha abstenido de participar en el intenso cruce de artículos y declaraciones que se han sucedido en los últimos días. De la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. De la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al expresident de la Generalitat Quim Torra, pasando por la portavoz de ERC, Marta Vilalta, o uno de los diputados más conocidos de Junts, Joan Canadell.

El Ayuntamiento de la ministra de Transportes criticó en julio los planes de Aena para ampliar El Prat

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Todos ellos y algunos más han querido fijar posición y dar matices propios a uno de los grandes debates del verano, pese a que todos son parte, de una u otra forma, de partidos y gobiernos que suscribieron un acuerdo para llevar a cabo una inversión de 1.700 millones de euros en mejoras sobre la base aérea barcelonesa. Pero el pacto, anunciado a bombo y platillo tanto por la cuantía de los fondos como por ser el símbolo del deshielo entre ambas administraciones, está lejos de tener una letra pequeña concreta y aceptada por todos. Precisamente, si para algo ha servido la guerra de artículos es para dejar claro que las opiniones sobre hacia donde debería ir El Prat son más que dispares, incluso entre quienes comparten coalición de Gobierno y hasta partido.

En el Gobierno central esta diferencia de opiniones sobre la ampliación de los aeropuertos (además de la inversión de El Prat hay otros 1.600 millones provisionados para Barajas) divide, de entrada, a los ministros del PSOE de los de Unidas Podemos. Ada Colau ya manifestó que su posición, muy crítica con el proyecto, era la misma que la de la ministra Yolanda Díaz, lo que deja claro la opinión de los cinco ministros que representan a la formación morada y sus confluencias. Pero las divergencias han aflorado incluso entre voces del Gobierno que no se identifican con UP. El pasado martes, la delegada en Catalunya, Teresa Cunillera, remarcaba que la ampliación del aeropuerto propuesta por Aena es compatible con los objetivos medioambientales. Unos días después, Ribera matizaba: el proyecto "no saldrá adelante" si no cumple "todas las garantías medioambientales".

La diferencia entre ambas puede ser de tono, pero la cuestión no tardará en tener que pasar la prueba de fuego cuando el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) llegue a la mesa del Consejo de Ministros, como muy tarde el 30 de septiembre. Este plan contendrá ya el detalle de las inversiones previstas para la ampliación de ambas infraestructuras, que a priori no gustan a Unidas Podemos. Solo después de eso deberán negociarse y redactarse los planes directores específicos para cada aeropuerto, donde se dará voz a las instituciones locales.

Es en esta segunda fase cuando el Govern puede tener un papel más destacado, después de haberse limitado a suscribir un acuerdo verbal sobre la cuantía de las inversiones. Pere Aragonès y los suyos consideran que la Generalitat puede hacer valer sus intereses en la redacción del plan director y a la hora de concretar qué se amplía, cómo se aumenta la capacidad del aeropuerto y qué prioridad se les da a las conexiones ferroviarias con Reus y Girona. También cuentan con que la administración autonómica es la gestora de La Ricarda, un humedal que cuenta con protección europea y que la ampliación podría convertir en zona asfaltada.

Según defienden desde el Govern, el departamento de Acción Climática de la Generalitat será una de las oficinas de más peso en la decisión sobre el posible alargamiento de la tercera pista, una de las propuestas centrales del proyecto de Aena, en la medida en que esta Conselleria será la que permita o no modificar el espacio de La Ricarda, no sin antes pedir permiso a la Unión Europea. Un aval comunitario que el Govern ve difícil que llegue, después de que el 27 de julio pasado el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, remitiera una carta en la que recordaba que España tiene abierto un procedimiento de infracción por no haber establecido las medidas de protección adecuadas en el entorno natural del aeropuerto.

ERC de perfil, Junts dividido

El Govern de Aragonès juega con la carta europea para conseguir la inversión sin necesidad de una ampliación de las pistas como la que proyecta Aena. Pero, de nuevo, el Ejecutivo catalán no está ni mucho menos cohesionado respecto a esta cuestión. En ERC han preferido ponerse de perfil sobre las concreciones del proyecto, aunque la portavoz republicana, Marta Vilalta, ha insistido en que el acuerdo solo contempla mejoras del sistema aeroportuario y no implica alargar las pistas. Por su parte el jefe de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, también ha publicado un artículo en El País en el que marca como línea roja preservar La Ricarda pero en el que a la vez considera necesario que Catalunya cuente con vuelos intercontinentales.

Más claras han sido las voces de Junts, formación que ha colocado como portavoz oficioso en esta cuestión al diputado Joan Canadell, expresidente de la Cambra de Barcelona y empresario con intereses económicos declarados por él mismo en hasta dos empresas de carburantes. Canadell ha defendido reiteradamente la ampliación de la base con todo tipo de argumentos, incluyendo la idea de que la pista quedaría amortizada antes de ser anegada por el aumento del nivel del mar. En otro nivel, también el vicepresident del Govern, Jordi Puignerò, apuesta sin ambages por la ampliación del aeropuerto, al considerar que lo más importante es dotar a Catalunya de unas infraestructuras que permitan operar vuelos internacionales y aumentar su capacidad de recepción de pasajeros. Él mismo fue quien acabó de cerrar el acuerdo con la recientemente nombrada ministra de Transportes, la catalana Raquel Sánchez.

Dentro de Junts estas opiniones conviven con otras, como las que han expresado las agrupaciones locales del partido en municipios del entorno del aeropuerto, como El Prat, Viladecans o Gavà. Estos grupos consideran que el proyecto supone destruir espacios naturales protegidos y alimentar la especulación. Pero la voz más influyente para Junts en contra de la extensión de la capacidad aeroportuaria ha llegado, inesperadamente, del expresident Quim Torra. El que fuera jefe del Govern hasta hace menos de un año publicó este jueves un artículo en el diario Ara en el que cargaba con contundencia contra el proyecto: "Basta de poner los intereses económicos por delante de la naturaleza".

No menos importante para el Govern que esta división interna de opiniones es la visión de la CUP, partido clave para sacar adelante los próximos Presupuestos. Los anticapitalistas han lanzado duras advertencias a Aragonès y los suyos, no solo por el Prat sino también por la candidatura catalana a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. "Va en sentido contrario [al acuerdo de investidura] y será un obstáculo para negociar los Presupuestos", aseguró este viernes el diputado Carles Riera.

Colau y PSC, diferencias sin guerra

La alcaldesa de Barcelona ha sido otra de las líderes que ha explicado su posición sobre El Prat a través de un artículo. Colau marcó la línea de su formación al tachar la propuesta de ampliación de "negacionismo climático", pues a su entender no hay forma de aumentar la capacidad aeroportuaria sin aumentar las emisiones de CO2 entre un 60 y un 80%, indicó. "Las únicas certezas", aseguró la líder de Barcelona en Comú, "son la destrucción de la zona protegida de La Ricarda, el incremento de vuelos (más emisiones) y la llegada de 20 millones de pasajeros más, esencialmente turistas".

La opinión de Colau es la que comparten todos los 'comuns', y la que sostiene también el alcalde del municipio de El Prat, Lluís Mijoler, de su misma formación. Pero tampoco es de consenso dentro del Gobierno municipal barcelonés, que comparte con el PSC. Pocos días después de que la alcaldesa publicase su artículo, el teniente de alcaldía y líder socialista, Jaume Collboni, contraatacaba con su propio escrito, esta vez en La Vanguardia. "Disponer de vuelos directos a otras ciudades globales tiene una relación directa con la ubicación de sedes de proyectos internacionales", defendía en un artículo en el que consideraba que la ampliación del aeropuerto debía ser una "palanca transformadora" para "la transición económica y ecológica".

Las diferencias saltan a la vista y, en ambos casos, adelantan la estrategia que cada partido tiene previsto desplegar no solo en lo que respecta al plano municipal, sino también en el tipo de oposición con la que tratarán de marcar al Govern. Sin embargo tanto los 'comuns' como el PSC han optado por no convertir El Prat en asunto de guerra interna dentro del Ayuntamiento. "La coalición no queda tocada. Este tema no forma parte del pacto de gobierno y no está dentro de nuestras competencias", cerró el asunto Collboni en declaraciones a Rac1. Para los de Colau, la guerra tampoco debe ser en el Ayuntamiento sino, si llega, en el seno del Gobierno. La llegada del DORA al Consejo de Ministros será una oportunidad para volver a la carga.

Prácticamente ninguna de las partes interesadas en el proyecto para ampliar el aeropuerto de El Prat se ha abstenido de participar en el intenso cruce de artículos y declaraciones que se han sucedido en los últimos días. De la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. De la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al expresident de la Generalitat Quim Torra, pasando por la portavoz de ERC, Marta Vilalta, o uno de los diputados más conocidos de Junts, Joan Canadell.

El Ayuntamiento de la ministra de Transportes criticó en julio los planes de Aena para ampliar El Prat

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Todos ellos y algunos más han querido fijar posición y dar matices propios a uno de los grandes debates del verano, pese a que todos son parte, de una u otra forma, de partidos y gobiernos que suscribieron un acuerdo para llevar a cabo una inversión de 1.700 millones de euros en mejoras sobre la base aérea barcelonesa. Pero el pacto, anunciado a bombo y platillo tanto por la cuantía de los fondos como por ser el símbolo del deshielo entre ambas administraciones, está lejos de tener una letra pequeña concreta y aceptada por todos. Precisamente, si para algo ha servido la guerra de artículos es para dejar claro que las opiniones sobre hacia donde debería ir El Prat son más que dispares, incluso entre quienes comparten coalición de Gobierno y hasta partido.

En el Gobierno central esta diferencia de opiniones sobre la ampliación de los aeropuertos (además de la inversión de El Prat hay otros 1.600 millones provisionados para Barajas) divide, de entrada, a los ministros del PSOE de los de Unidas Podemos. Ada Colau ya manifestó que su posición, muy crítica con el proyecto, era la misma que la de la ministra Yolanda Díaz, lo que deja claro la opinión de los cinco ministros que representan a la formación morada y sus confluencias. Pero las divergencias han aflorado incluso entre voces del Gobierno que no se identifican con UP. El pasado martes, la delegada en Catalunya, Teresa Cunillera, remarcaba que la ampliación del aeropuerto propuesta por Aena es compatible con los objetivos medioambientales. Unos días después, Ribera matizaba: el proyecto "no saldrá adelante" si no cumple "todas las garantías medioambientales".

La diferencia entre ambas puede ser de tono, pero la cuestión no tardará en tener que pasar la prueba de fuego cuando el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) llegue a la mesa del Consejo de Ministros, como muy tarde el 30 de septiembre. Este plan contendrá ya el detalle de las inversiones previstas para la ampliación de ambas infraestructuras, que a priori no gustan a Unidas Podemos. Solo después de eso deberán negociarse y redactarse los planes directores específicos para cada aeropuerto, donde se dará voz a las instituciones locales.

Es en esta segunda fase cuando el Govern puede tener un papel más destacado, después de haberse limitado a suscribir un acuerdo verbal sobre la cuantía de las inversiones. Pere Aragonès y los suyos consideran que la Generalitat puede hacer valer sus intereses en la redacción del plan director y a la hora de concretar qué se amplía, cómo se aumenta la capacidad del aeropuerto y qué prioridad se les da a las conexiones ferroviarias con Reus y Girona. También cuentan con que la administración autonómica es la gestora de La Ricarda, un humedal que cuenta con protección europea y que la ampliación podría convertir en zona asfaltada.

Según defienden desde el Govern, el departamento de Acción Climática de la Generalitat será una de las oficinas de más peso en la decisión sobre el posible alargamiento de la tercera pista, una de las propuestas centrales del proyecto de Aena, en la medida en que esta Conselleria será la que permita o no modificar el espacio de La Ricarda, no sin antes pedir permiso a la Unión Europea. Un aval comunitario que el Govern ve difícil que llegue, después de que el 27 de julio pasado el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, remitiera una carta en la que recordaba que España tiene abierto un procedimiento de infracción por no haber establecido las medidas de protección adecuadas en el entorno natural del aeropuerto.

ERC de perfil, Junts dividido

El Govern de Aragonès juega con la carta europea para conseguir la inversión sin necesidad de una ampliación de las pistas como la que proyecta Aena. Pero, de nuevo, el Ejecutivo catalán no está ni mucho menos cohesionado respecto a esta cuestión. En ERC han preferido ponerse de perfil sobre las concreciones del proyecto, aunque la portavoz republicana, Marta Vilalta, ha insistido en que el acuerdo solo contempla mejoras del sistema aeroportuario y no implica alargar las pistas. Por su parte el jefe de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, también ha publicado un artículo en El País en el que marca como línea roja preservar La Ricarda pero en el que a la vez considera necesario que Catalunya cuente con vuelos intercontinentales.

Más claras han sido las voces de Junts, formación que ha colocado como portavoz oficioso en esta cuestión al diputado Joan Canadell, expresidente de la Cambra de Barcelona y empresario con intereses económicos declarados por él mismo en hasta dos empresas de carburantes. Canadell ha defendido reiteradamente la ampliación de la base con todo tipo de argumentos, incluyendo la idea de que la pista quedaría amortizada antes de ser anegada por el aumento del nivel del mar. En otro nivel, también el vicepresident del Govern, Jordi Puignerò, apuesta sin ambages por la ampliación del aeropuerto, al considerar que lo más importante es dotar a Catalunya de unas infraestructuras que permitan operar vuelos internacionales y aumentar su capacidad de recepción de pasajeros. Él mismo fue quien acabó de cerrar el acuerdo con la recientemente nombrada ministra de Transportes, la catalana Raquel Sánchez.

Dentro de Junts estas opiniones conviven con otras, como las que han expresado las agrupaciones locales del partido en municipios del entorno del aeropuerto, como El Prat, Viladecans o Gavà. Estos grupos consideran que el proyecto supone destruir espacios naturales protegidos y alimentar la especulación. Pero la voz más influyente para Junts en contra de la extensión de la capacidad aeroportuaria ha llegado, inesperadamente, del expresident Quim Torra. El que fuera jefe del Govern hasta hace menos de un año publicó este jueves un artículo en el diario Ara en el que cargaba con contundencia contra el proyecto: "Basta de poner los intereses económicos por delante de la naturaleza".

No menos importante para el Govern que esta división interna de opiniones es la visión de la CUP, partido clave para sacar adelante los próximos Presupuestos. Los anticapitalistas han lanzado duras advertencias a Aragonès y los suyos, no solo por el Prat sino también por la candidatura catalana a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. "Va en sentido contrario [al acuerdo de investidura] y será un obstáculo para negociar los Presupuestos", aseguró este viernes el diputado Carles Riera.

Colau y PSC, diferencias sin guerra

La alcaldesa de Barcelona ha sido otra de las líderes que ha explicado su posición sobre El Prat a través de un artículo. Colau marcó la línea de su formación al tachar la propuesta de ampliación de "negacionismo climático", pues a su entender no hay forma de aumentar la capacidad aeroportuaria sin aumentar las emisiones de CO2 entre un 60 y un 80%, indicó. "Las únicas certezas", aseguró la líder de Barcelona en Comú, "son la destrucción de la zona protegida de La Ricarda, el incremento de vuelos (más emisiones) y la llegada de 20 millones de pasajeros más, esencialmente turistas".

La opinión de Colau es la que comparten todos los 'comuns', y la que sostiene también el alcalde del municipio de El Prat, Lluís Mijoler, de su misma formación. Pero tampoco es de consenso dentro del Gobierno municipal barcelonés, que comparte con el PSC. Pocos días después de que la alcaldesa publicase su artículo, el teniente de alcaldía y líder socialista, Jaume Collboni, contraatacaba con su propio escrito, esta vez en La Vanguardia. "Disponer de vuelos directos a otras ciudades globales tiene una relación directa con la ubicación de sedes de proyectos internacionales", defendía en un artículo en el que consideraba que la ampliación del aeropuerto debía ser una "palanca transformadora" para "la transición económica y ecológica".

Las diferencias saltan a la vista y, en ambos casos, adelantan la estrategia que cada partido tiene previsto desplegar no solo en lo que respecta al plano municipal, sino también en el tipo de oposición con la que tratarán de marcar al Govern. Sin embargo tanto los 'comuns' como el PSC han optado por no convertir El Prat en asunto de guerra interna dentro del Ayuntamiento. "La coalición no queda tocada. Este tema no forma parte del pacto de gobierno y no está dentro de nuestras competencias", cerró el asunto Collboni en declaraciones a Rac1. Para los de Colau, la guerra tampoco debe ser en el Ayuntamiento sino, si llega, en el seno del Gobierno. La llegada del DORA al Consejo de Ministros será una oportunidad para volver a la carga.

Prácticamente ninguna de las partes interesadas en el proyecto para ampliar el aeropuerto de El Prat se ha abstenido de participar en el intenso cruce de artículos y declaraciones que se han sucedido en los últimos días. De la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. De la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al expresident de la Generalitat Quim Torra, pasando por la portavoz de ERC, Marta Vilalta, o uno de los diputados más conocidos de Junts, Joan Canadell.

El Ayuntamiento de la ministra de Transportes criticó en julio los planes de Aena para ampliar El Prat

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Todos ellos y algunos más han querido fijar posición y dar matices propios a uno de los grandes debates del verano, pese a que todos son parte, de una u otra forma, de partidos y gobiernos que suscribieron un acuerdo para llevar a cabo una inversión de 1.700 millones de euros en mejoras sobre la base aérea barcelonesa. Pero el pacto, anunciado a bombo y platillo tanto por la cuantía de los fondos como por ser el símbolo del deshielo entre ambas administraciones, está lejos de tener una letra pequeña concreta y aceptada por todos. Precisamente, si para algo ha servido la guerra de artículos es para dejar claro que las opiniones sobre hacia donde debería ir El Prat son más que dispares, incluso entre quienes comparten coalición de Gobierno y hasta partido.

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15 de agosto de 2021 - 22:22 h