Más de un año y medio después de su creación, la Comisión para el estudio de la gobernanza del sistema universitario de Cataluña, una de las mayores apuestas del gobierno convergente en cuanto a las universidades, cierra sin ningún acuerdo entre sus miembros. El secretario de Universidades Antoni Castellà explicó hoy que las opiniones en el seno de la comisión han sido “muy diversas”, pero también ha asegurado a los miembros de la misma que no había la intención de que de los debates saliera un documento conjunto.
En esta comisión han participado miembros del Gobierno, representantes de todas las universidades de Cataluña -tanto públicas como privadas-, todos los partidos que tenían representación en el Parlament la pasada legislatura, estudiantes, las patronales Fomento, CECOT y PIMEC y los sindicatos CCOO y UGT. A todos, el secretario les ha dado un plazo de un mes para presentar documentos que remitirán en el Parlamento.
La propuesta del Govern está plasmada en la ponencia redactada por personalidades designadas por la Secretaría de Universidades e Investigación. Esta propuesta indica algunas líneas generales y, en cuanto al sistema de gobierno de los campus, concreta un sistema que haría desaparecer las elecciones a los rectorados. El rector sería designado por un Patronato, la mitad de cuyos miembros serían escogidos por la Generalitat.
Este sería el máximo órgano de gobierno de la universidad, que marcaría las directrices que el rector se encargaría de ejecutar. Respecto al Claustro, máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, la ponencia lo quiere convertir en un Senado, de carácter meramente consultivo. Este sería el único espacio donde habría representación de los estudiantes.
Sin embargo, según fuentes presentes en la comisión, la representante de CiU se ha mostrado a favor de la propuesta pero con matices, reclamando más énfasis en el papel de las universidades privadas. También ha estado a favor el representante del PP, que ha asegurado que la propuesta tiene mucho en común con la surgida de la comisión homóloga designada por el ministerio que encabeza José Ignacio Wert. Aunque ha concretado que la legislación al respecto es competencia del gobierno del Estado.
Uno de los miembros de la comisión aseguraba que el grueso de sus participantes “no está ni mucho menos de acuerdo con la propuesta”. En este sentido han explicitado su rechazo desde los estudiantes que han intervenido (de la UPC, la UPF, la UdL y la UB) hasta los representantes de izquierda parlamentaria: PSC, ICV y EUiA y los sindicatos.
Una representante de la UAB ha defendido que la autonomía universitaria sin democracia interna no tiene sentido. Desde el rectorado de la UPC, han criticado especialmente la composición del Patronato. Con el peso que gana la representación de la Generalitat y la desaparición de las elecciones a rector, el documento de trabajo de la Generalitat desconfigura el actual autogobierno de las universidades.
En un comunicado conjunto, los representante de EUiA, ICV, CCOO y UGT, además del representante del Consejo del Estudiantado de la UPC, han lamentado que estas propuestas emanen de un documento que “no contiene, por regla general, argumentaciones que abonen las propuestas, las cuales, básicamente, se anuncian pero no se justifican”. También aseguran que “no contiene un diagnóstico preciso de los problemas del sistema, sustituido, cuando es el caso, por breves resúmenes de afirmaciones que, a fuerza de repetidas, han convertido en lugares comunes”.
Aunque critican la misma creación de la comisión, que refleja, dicen, la “opinión discutible que el problema más importante del sistema universitario de Cataluña, básica para el futuro del país, es la llamada gobernanza” considera que “la Comisión pudo ser un instrumento válido para elaborar propuestas consensuadas de mejora”, lo que aseguran que no ha sido posible debido a una “escasísima receptividad para escuchar y recoger las diversas opiniones y propuestas” por parte de la ponencia.
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