El Govern de Cataluña ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional el real decreto-ley de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, impulsó y que el Gobierno central aprobó el pasado mes de abril. La Generalitat considera que la normativa, que incluía ajustes como el aumento de ratios, el incremento de las horas lectivas de los docentes o el retraso en las sustituciones, invade sus competencias.
Tras encargar un informe al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que en junio ya dictaminó que existía una invasión competencial, el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha explicado que han optado por el recurso al TC porque las conversaciones con el Gobierno “no llegaron a buen puerto”. En la misma linea, la consellera de Enseñanza Irene Rigau, también presente en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, ha asegurado que si han tardado tanto en recurrir el decreto-ley es porque antes querían “agotar las medidas conciliadoras” con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Los ajustes que recoge el decreto de Wert, pese a la oposición de la Generalitat, se aplican en los centros educativos catalanes desde que se inició el presente curso.
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