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La Audiencia Nacional pide el bloqueo de cuentas en Chipre vinculadas a la estafa del cannabis Juicy Fields

Un Lamborghini con el logo de Juicy Fields, en los aledaños de la feria del cannabis Spannabis en Barcelona.

Pol Pareja


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La Justicia ha dado los primeros pasos para intentar recuperar una parte del dinero defraudado a través de Juicy Fields, una estafa piramidal de inversión en plantas de cannabis que ha dejado un reguero de miles de afectados en todo el mundo. Se estima que las pérdidas suman decenas de millones de euros.

Rentabilidades astronómicas por invertir en cannabis: el turbio negocio de JuicyFields

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El juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha expedido una orden europea de investigación a Chipre para pedir el bloqueo y el embargo preventivo de dos cuentas bancarias en ese país en manos de los responsables de la empresa. Las cantidades bloqueadas hasta la fecha, sin embargo, son muy inferiores al dinero que han perdido los inversores.

El grupo II de Fraude Financiero de la UDEF de la Policía Nacional, que investiga esta estafa destapada el pasado mayo por elDiario.es, solicitó de manera urgente el bloqueo de estas cuentas que están en manos de los principales investigados, acusados de lucrarse ilícitamente con la promesa de grandes rentabilidades por invertir en plantas de cannabis.

Después de pedir colaboración a Chipre mediante la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), las autoridades chipriotas informaron de que en esas cuentas hay cuatro millones y 40.000 euros respectivamente, una cantidad muy por debajo del dinero que se calcula que desapareció de un día para el otro el pasado julio, cuando Juicy Fields colapsó y dejó de pagar a sus inversores.

Radicada en Países Bajos y con oficinas en siete ciudades, Juicy Fields se presentaba como una “plataforma de cultivo colectivo”. El dinero de cada inversor se destinaba a cultivar marihuana en recintos que contaban con autorización legal. Al cabo de 108 días se cosechaba la planta, se vendía y se devolvía la inversión inicial con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66%, lo que suponía como mínimo más de un 130% anual.

En un auto al que ha tenido acceso este diario, la Audiencia Nacional también ha solicitado toda la información relacionada con titulares, apoderados y beneficiarios de estas cuentas: desde recibos de pagos hasta información relacionada con las tarjetas bancarias vinculadas a las mismas, pasando por toda la información que refleje fechas y cantidades de depósitos. El juez además ha pedido el bloqueo y embargo preventivo de cualquier activo, pasivo o incluso de cualquier caja de seguridad en manos de los responsables de Juicy Fields en Chipre. 

A su vez, se ha solicitado colaboración a EUROPOL para que realice un informe sobre la trazabilidad de las criptomonedas en poder de los responsables de Juicy Fields, después de constatar “la cantidad de movimientos” registrados entre carteras de estas divisas las semanas previas y anteriores al colapso.

Este periódico ya informó en agosto de los movimientos millonarios entre carteras de criptomonedas que se registraron en julio. En algunas de ellas se efectuaron retiradas de hasta 90 millones de dólares a pocos días de suspender los pagos. Desde otras carteras vinculadas a la empresa se retiraron hasta 30 millones de dólares apenas 10 días después de que se hiciera pública la estafa.

Una macrocausa con casi 2.000 personados

De momento son ya casi 2.000 las personas que se han personado en España en la causa mediante querellas colectivas en manos de los abogados Iván Alonso y Emilia Zaballos, entre otros. Los afectados, sin embargo, son muchos más y algunos de ellos han acudido a los juzgados de instrucción de su demarcación. También hay casi 200 afectados más que denunciaron los hechos en distintas comisarías de Policía Nacional. Algunos cálculos estiman en 40.000 los inversores afectados en nuestro país. 

En otro auto fechado a 15 de septiembre, la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar esta gran estafa piramidal, una de las mayores de los últimos años. El juez Joaquín Gadea, magistrado de refuerzo del citado juzgado de instrucción, considera que los hechos denunciados podrían suponer delitos de apropiación indebida, organización criminal y estafa continuada.

La semana pasada, el mismo juzgado emitió otro auto en el que requería a la Guardia Civil que informara a todos los juzgados de instrucción en los que se instruya algún procedimiento vinculado con Juicy Fields para que se inhiban y remitan a la Audiencia Nacional todas las denuncias que tengan en su poder. 

Paralelamente a la investigación judicial en España, las autoridades alemanas también están recogiendo centenares de denuncias y haciendo pesquisas sobre Juicy Fields. A su vez, algunos abogados están preparando acciones colectivas contra los administradores de la empresa. Se calcula que en Alemania -al igual que en otra docena de países- hay también miles de estafados y una de las mercantiles de la empresa estuvo un tiempo radicada en Berlín.

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