El Ayuntamiento de Barcelona reprocha al Estado la falta de inversión en el transporte de proximidad
La concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Vidal, ha mostrado este lunes en comparecencia la “disconformidad” del gobierno municipal con las aportaciones al transporte público de proximidad por parte del Estado. El Ayuntamiento de Barcelona, tal y como se oficializó el viernes en el Consejo de Ministros, recibirá 98'6 millones de euros de subvención por parte del gobierno central, una cifra que se ha visto reducida a más de la mitad en los últimos cinco años: se ha pasado de 200 millones en 2010 a 98'6 en la actualidad. Sin embargo, el Ayuntamiento ha descartado la subida de tarifas a finales de año. Ahora mismo, se encuentran congeladas.
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó subvenciones para el transporte público regular y terrestre de viajeros en Madrid, Barcelona y Canarias, por valor de 126 millones, 98,6 y 25 millones de euros, respectivamente. Desde el gobierno de Colau se considera “imprescindible” que haya un compromiso más firme por parte del Estado con la movilidad cotidiana para subsanar el endeudamiento de más de 500 millones de euros: “El Ayuntamiento ha aumentado su partida pero es necesario que el Estado también haga un esfuerzo con la movilidad de proximidad”.
Vidal ha recordado que los compromisos de contaminación no se podrán cumplir si no se mejora el sistema de transporte público y que la responsabilidad sobre el transporte de proximidad recae en un 25% en el Ayuntamiento, un 25% en el Área Metropolitana y un 50% en la Generalitat, que es quien tiene cedidas las competencias.
Para tratar la cuestión tarifaria, el Ayuntamiento ha abierto un espacio participativo pionero para que la ciudadanía se pueda expresar: “Se necesita transporte público asequible y barato, y más en un momento en que las demandas son agudas. Hay que hacer atractivo el transporte público para la ciudadanía”, remarcó Vidal, que ya había defendido la necesidad de un debate público este lunes en un artículo publicado en Catalunya Plural. El espacio de participación se ha abierto dentro del Pacto por la Movilidad y ya se ha hecho una sesión inicial con el objetivo de recoger criterios y socializar cuáles son las cuestiones que más preocupan.
'Recuperar' la T-Movilidad
El contrato de la T-Movilidad, anterior al gobierno de BComú, preocupa al consistorio. “Lo dijimos durante la campaña y lo mantenemos, este es un proyecto [T-Movilidad] que va en contra del bien común: no es nuestro proyecto”, agregó Vidal. “Revertir el contrato ya adjudicado tendría un coste de 70 millones de euros que el Ayuntamiento no puede asumir, por ello, dentro del marco legal, se quiere aumentar el control público”. Vidal asegura que “hay vías” y que se están explorando con la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona, con el objetivo de renegociar el contrato con el grupo de empresas que desplegarán la T-Movilidad a finales de año.
