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Buenafuente, Évole y Ariadna Gil, entre los firmantes de un manifiesto que reclama que “protestar no es terrorismo”

Concentración de los firmantes del manifiesto "protestar no es delito" la mañana del lunes en Barcelona

elDiario.es Catalunya

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Andreu Buenafuente, Jordi Évole y Ariadna Gil son algunas de las más de 100 personalidades que han firmado un comunicado que reivindica que “protestar no es terrorismo”. El texto denuncia que se ha llevado a cabo una “clara criminalización de la protesta, con graves persecuciones para las personas que ejercían el derecho a reunión y manifestación”.

El manifiesto, que ha sido refrendado por más de un centenar de personas y cerca de 150 entidades, defiende que la investigación de la Audiencia Nacional y el Tribunal Suprem contra Tsunami Democràtic supone “un ataque al ejercicio de derechos fundamentales” y es “un ejemplo de la aplicación extensiva del código penal”.

La mañana del lunes, decenas de las personalidades firmantes del manifiesto, entre las que se encontraban caras como, por ejemplo, la de los periodistas Ricard Ustrell, Mònica Terribas o Jordi Basté, se han concentrado para leer el texto y exhibir una pancarta que recuerda que “protestar no es terrorismo”.

El manifiesto, que también tiene el apoyo de sindicatos como CCOO, UGT, CGT o la IAC o entidades como la ANC o la PAH, asegura que la investigación por terrorismo de diversos políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil “muestra una clara intención de desgastar al Gobierno y la mayoría parlamentaria en la tramitación de la ley de Amnistía”, lo que supone “una injerencia del poder judicial sobre el legislativo” que, según los firmantes “debilita la democracia”.

El texto insiste en que la criminalización tiene un efecto disuasorio “dirigido a toda la sociedad” porque “persigue” a toda entidad y colectivo “ya sea de carácter sindical, feminista, ecologista, independentista, antirracista o cualquier otra lucha social”.

Con todo, quienes brindan apoyo a esta iniciativa exigen que “se tomen las medidas necesarias para parar la utilización de la justicia en la nueva persecución política contra las movilizaciones sociales”, así como que se retiren las imputaciones de terrorismo.

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