Los trabajadores de la CCMA critican que CDC y ERC se repartan cargos en TV3 y Catalunya Ràdio
El nuevo Govern no ha mostrado intenciones de despolitizar los medios públicos catalanes, sino más bien lo contrario. Este es el diagnóstico de los primeros días de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat de los trabajadores de los medios públicos catalanes. Los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio han lamentado que Convergència y ERC se repartan los principales cargos de la televisión y la radio públicas. Los representantes de los trabajadores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CMMA) han añadido que ambos partidos “han pactado” la continuidad de Brauli Duart al frente de la Corporación.
“El Comité de empresa quiere reafirmar que no es eso lo que corresponde en esta nueva etapa política, porque así no se resuelven los problemas planteados en los medios de la CCMA, sino que pueden empeorar, y de esta manera se consolida el control del gobierno sobre lo que deben ser medios públicos ”, aseguran los representantes de los trabajadores en un comunicado.
Ambos comités han reclamado iniciar una nueva etapa en los medios públicos que se aleje lo máximo posible de la labor de Duart los últimos como presidente de la CCMA. Han recordado que en las últimas semanas han trasladado a los diferentes partido la necesidad de derogar la ley de la CCMA de 2012, aprobada por CiU y el PP, para acabar con la “dependencia gubernamental” de los medios públicos. Aprovechando esta ley y sin pasar por el Parlamento, CDC y ERC han pactado que Saül Gordillo sea el nuevo director de Catalunya Ràdio.
Por otra parte, ambos comités han reclamado que el nuevo Parlament retome la reforma de las leyes audiovisuales y “retorne a la vía del consenso” para que los medios de comunicación públicos no estén controlados “por el gobierno de turno”. Asimismo, han pedido la aprobación de un contrato programa que asegure una financiación estable, suficiente y adecuada a las funciones de servicio público de la CCMA, “en un entorno laboral de igualdad de todos los trabajadores”.
Según los comités, algunos partidos se mostraron favorables a reformar la ley de la Corporación, mientras “otros, como Junts pel Sí, no lo veían prioritario y se remitían a la aritmética parlamentaria”.
