En qué consiste el traspaso de Rodalies: vías, trenes, dinero y una nueva empresa

“Culminar y ampliar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Generalitat de Catalunya, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario de Rodalies de Catalunya”. Este enunciado encabeza la parte dispositiva del acuerdo que supone, según sus firmantes, la culminación de la transferencia de Rodalies a Catalunya, una demanda histórica de la Generalitat.

Rodalies y Regionals Catalunya es una red extensa, con sus 209 estaciones a lo largo de 1.200 kilómetros de vías, que utilizan cada día cerca de medio millón de catalanes, la mayoría para ir a trabajar o a estudiar. Pero es un servicio que se ha hecho tristemente famoso por sus continuos fallos. Los datos completos sobre 2022, que este diario publicó en exclusiva, lo corroboran: Rodalies tuvo retrasos graves cuatro de cada cinco días y hubo más de 2.000 trenes cancelados el año pasado.

El pacto firmado por el PSOE y ERC este jueves supone poner en marcha varias modificaciones a la vez, algunas relacionadas con el reparto de competencias entre administraciones y otras más de corte económico. Pero también es un acuerdo que afectará a los trabajadores, usuarios y, probablemente, el propio servicio que presta a diario Rodalies.

¿Qué se ha anunciado?

Lo que se ha anunciado es un “traspaso integral” de Rodalies, por el que la Generalitat pasará a tener el control sobre todo lo relativo al sistema ferroviario de cercanías en Catalunya. La letra pequeña es, sin embargo, un poco más compleja. Hay acuerdos económicos, que son los más claros y que suponen que la Generalitat tendrá, 15 años después de que se pactase por primera vez, el control económico sobre el servicio.

Pero también se ha anunciado un cambio en la operadora, es decir, la salida efectiva de Renfe para ser sustituida por una empresa mixta entre el Estado y la Generalitat, con mayoría de ésta última, que se llamará Rodalies de Catalunya.

Asimismo, una parte de la red viaria cambiará de titularidad, para pasar a ser propiedad de la Generalitat. Aunque no será ni mucho menos todas las vías e infraestructuras, al menos inicialmente. Todos estos cambios, además, se llevarán a cabo por fases.

¿De quién dependía Rodalies hasta ahora y de quién va a depender en el futuro?

Rodalies de Catalunya es, hasta el momento, una marca comercial que incluye una veintena de líneas de cercanías y regionales, centradas sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, pero también en Tarragona, Lleida y Girona. Sobre el papel, la Generalitat es la titular de estas Rodalies desde el año 2010, pero en la práctica es el Ministerio de Transportes y no la administración catalana quien tiene el control efectivo sobre el servicio.

La razón de esto es múltiple. Por un lado, el Ministerio no transfiere a la Generalitat los fondos necesarios para pagar a la operadora. La inyección económica es clave, pues las comunidades se financian de los fondos que recauda el Estado y que reparte en función de diversos parámetros, incluidas las competencias de cada autonomía.

Pero el segundo motivo es que tanto el operador, Renfe, como el titular y gestor de la red viaria, Adif, son empresas dependientes del Ministerio. Por lo tanto, a nivel político, ha sido siempre el Gobierno central quien ha tenido la última palabra sobre todo lo relativo a Rodalies.

¿Quién controlará ahora los horarios y las frecuencias?

Los horarios y las frecuencias de los trenes, además de las tarifas, ya venían siendo decididas por la Generalitat, desde el año 2010, siendo este prácticamente el único aspecto en el que el Govern podía decidir. Ahora, con la transferencia, seguirá igual. Con todo, hay que tener en cuenta que tanto los horarios como las frecuencias están condicionadas a cuestiones que dependen del operador, como la disponibilidad de trenes y trabajadores, y también a cuestiones de la infraestructura, como la capacidad de carga de las vías y su estado.

¿Qué incluye el traspaso?

El traspaso tiene la etiqueta de “integral” en la medida en que abarca las tres patas fundamentales: operadora, infraestructura (vía, estaciones, cocheras) y material móvil (trenes y máquinas). Ahora bien, será una comisión mixta la que tenga que analizar ahora qué es susceptible de cambiar de titularidad, su impacto económico y la forma legal de hacerlo.

En algunos casos es más sencillo y se pueden traspasar tramos enteros, como ocurre con las partes centrales de la R1, R3 y R2Sud. Las tres líneas figuran en el acuerdo como punto de partida de mínimos para que la Generalitat adquiera su propiedad, que será gestionado por Ifercat, la misma empresa que supervisa algunas partes de la red de Ferrocarriles de la Generalitat (FCG), el operador ferroviario de la Generalitat, o la línea 9 del metro de Barcelona. Pero en Rodalies hay vías por las que pasan diferentes líneas, lo mismo que ocurre con ciertas estaciones y todo tipo de infraestructura sobre la que hay dudas.

Además existe un catálogo de líneas llamadas “de interés general”, principalmente las que conectan con otros países o comunidades autónomas, que, en principio, el Ministerio es reacio a traspasar. Todas estas cuestiones serán evaluadas por la comisión que se formará a partir de ahora.

Diferente es la cuestión del material móvil. En teoría, la empresa sucesora se quedará con todo lo que Renfe tiene para operar la red catalana, y eso incluye algo tan simbólico como los trenes.

¿Cómo quedan los trabajadores?

La nueva empresa pública será la sucesora de Renfe, lo que supone una subrogación. Los trabajadores por tanto mantendrán sus condiciones laborales, derechos colectivos conquistados y todo tipo de beneficios adquiridos por cada empleado.

Ahora bien, la sucesión de una empresa estatal en otra que solo opera en Catalunya genera una situación delicada en torno a los traslados geográficos. En este momento hay muchos trabajadores de Rodalies que no son oriundos de Catalunya o que tienen la familia residiendo en otras comunidades y que aspiran, en definitiva, a poder volver en algún momento a puestos de trabajo más cercanos a sus lugares de origen. Eso inicialmente no sería posible si un trabajador deja de tener como empleador a Renfe y pasa a depender de Rodalies de Catalunya, cuyo radio de acción es únicamente la comunidad catalana.

Ahora bien, el acuerdo firmado asegura que existirá un convenio entre ambas empresas, Renfe y Rodalies, y que servirá para garantizar la posible movilidad laboral entre ellas, cuando corresponda. 

Con todo, varios sindicatos, como CCOO o Sindicato Ferroviario, ya han mostrado su preocupación sobre la medida, cuando no directamente reticencias. Desde la Generalitat aseguran que la movilidad de los empleados ha sido una de las principales razones para componer una empresa mixta y no asumirlo directamente desde el operador de Ferrocarrils de la Generalitat, una empresa pública que ya opera otras líneas y tiene cierto prestigio.

¿Renfe seguirá siendo la operadora?

No. A medio plazo, Renfe dejará de ser la operadora de Rodalies. Será una empresa pública mixta entre la Generalitat y el Estado, con mayoría de la primera, quien operará el servicio. Esta nueva empresa deberá constituirse, por lo que aún no hay estatutos que nos indiquen qué naturaleza va a tener. Pero tanto el PSOE como ERC tienen el compromiso de que sea una empresa pública y, adicionalmente, los republicanos destacan que será la Generalitat quien nombre a su presidente y quien tenga el voto de calidad en su consejo.

¿Cuánto dinero supone el acuerdo?

De entrada, el Ministerio y la Generalitat se han puesto de acuerdo en cifrar en 335 millones de euros anuales el dinero que cuesta prestar el servicio, restando lo que la ciudadanía ya paga con su billete. Estos 335 millones serían los fondos que el Ministerio debería traspasar a la Generalitat cada año, comenzando por 2024, para que sea el Govern quien abone este precio a la nueva empresa mixta que operará los trenes.

Esa es la suma periódica, pero después hay gastos puntuales y extraordinarios. Por ejemplo, hay 132 millones de deuda con Renfe, que el Estado debe abonar, así como el incremento de los cánones ferroviarios, que aumentaron en 2017. El Gobierno se ha comprometido a correr con ese gasto.

Más abultado (y también menos claro) es el capítulo de las inversiones. Un buen ritmo inversor puede suponer que en la red se inyecten cifras tan largas como 1.000 millones de euros anuales, que salen siempre de la caja del Estado. ¿Seguirá teniendo el Gobierno el control de esos fondos o los traspasará a la Generalitat, de forma que sea la administración catalana quien decida cómo se gasta esa suma multimillonaria? Es una de las incógnitas que deberá desvelar la comisión.

¿En qué plazos se culminará el traspaso?

Nadie, ni en el Ministerio ni en la Generalitat, se atreve en este momento a calcular cuánto tiempo cuesta levantar una empresa pública mixta desde cero, hacer un estudio completo de lo que es susceptible de traspaso y hacer una sucesión de la operadora.

Ahora bien, en el acuerdo explicitan que desean que el traspaso se culmine a lo largo de la legislatura que ahora comienza en el Congreso, es decir, como mucho en cuatro años. Y la Generalitat tiene muy mala experiencia en este ámbito, pues tras pactar en 2009 con el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero comenzar el traspaso, aquel proceso se abortó con la llegada del PP al Gobierno. Es de suponer, por esta razón, que al menos por la parte catalana hay cierta urgencia.

¿El traspaso acabará con los problemas en el servicio?

Todos los expertos señalan al déficit de inversiones de más de una década como el gran problema de esta red. Cifrarlo es difícil, pero se estima que la Rodalies necesita una aportación que puede ir entre los 10.000 y los 20.000 millones de euros para ponerse al nivel que le correspondería. Y estas enormes cantidades de dinero no pueden llegar en un año, sino que se trataría de hacer una fuerte inversión sostenida a lo largo de una década.

El traspaso, por tanto, no va a suponer necesariamente esta enorme inyección económica que Rodalies requiere para su buen funcionamiento. Ahora bien, sí podría permitir dar un nuevo impulso a la inversión, además de hacer una gestión compartida entre las administraciones catalana y central, que puede mejorar el servicio y ser más eficaz identificando y solucionando problemas, también por hacerse desde un operador más cercano.

Es este el espíritu con el que ambos partidos, PSOE y ERC, plantean el traspaso. Ahora bien, si algún viajero de Rodalies cree que al día siguiente del traspaso dejará de sufrir incidencias, es mejor que se lo vaya quitando de la cabeza.