Ahogadas económicamente, al borde del colapso en muchos casos, las ONG catalanas han ido un paso más allá en su combate de los últimos meses y han pedido la dimisión del director de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), Carles Llorens. Llorens es, según las entidades agrupadas en la Federación Catalana de ONG (FCONG), el responsable de la paralización que ahora mismo las mantiene con el agua al cuello y ninguna solución a la vista.
“Este hombre entiende lo que es la comunicación, pero no el diálogo ni los problemas de las entidades”, asegura Francesc Mateu, presidente de la FCONG. “Tiene una obsesión patológica en contra de las entidades y, en lugar, de ofrecer alternativas, sólo añade problemas imponiendo requisitos jurídicos increíbles”, añade Mateu.
Llorens es el responsable de encontrar soluciones para minimizar los efectos de los casi 20 millones de euros que la Generalitat adeuda a las ONG catalanas. Son las partidas correspondientes a 2011, 2012 y a lo que va de 2013. Y responden al convenio trianual firmado en 2010 para poder llevar un plan de acción estable en el tiempo. Por entonces, los problemas económicos ya empezaban a acuciar a la Generalitat, que sólo asumió el pago del primer año y ha obligado a las entidades a avanzar el dinero de los restantes.
Incapaz de asumir los acuerdos económicos adoptados, la Generalitat negocia con las ONG una 'novación', es decir, una extensión del presupuesto previsto para estos tres años a cinco. “Eso tiene un lado positivo porque nos permitiría incluir los intereses bancarios de los créditos que hemos tenido que pedir y reducir los gastos en auditorias -apunta Mateu-; pero, por otra parte, la Generalitat nos aboca a renunciar a ejecutar nuestros programas al no ofrecernos ningún dinero por adelantado”.
No sólo eso. La Generalitat, que redujo el presupuesto para cooperación de 49 millones de euros en 2010 a 9,5 el año pasado, acusa a las ONG de incumplimiento reiterado en la ejecución de los programas para justificar sus impagos. “¡Cómo los vamos a ejecutar si no tenemos dinero!”, se queja el presidente de la FCONG. Este año, con los presupuestos generales prorrogados, las subvenciones no están permitidas, de modo que la partida destinada a cooperación es nula.
Para acabar de tensar la cuerda, la Generalitat ha enviado una “carta amenazadora”, que ha colmado la paciencia de las entidades. “Esa carta es una clara demostración de su nula intención de solucionar las cosas”, afirma Mateu. “Llevamos cuatro meses revisando el convenio y, de repente, cuando ni siquiera hemos tenido dos semanas para estudiar la última propuesta, nos amenazan con tirar por el camino de en medio si no les enviamos el informe final ya”, explica el presidente de la FCONG.
La asfixia económica ha provocado EROS en todas las ONG con personal contratado y tiene a casi una decena a punto del cierre que ya ha tenido que echar una entidad. “La situación es muy delicada”, constata Mateu.
Denuncia contra la Generalitat a la vista
Así las cosas, la FCONG sólo aguarda a que se inicie mayo para llevar el asunto a los tribunales y culminar el proceso iniciado el pasado mes de enero, cuando una veintena de ONG catalanas acudió a la ACCD para librar conjuntamente más de 40 reclamaciones de pago por valor de siete millones de euros. Aquella reclamación administrativa era el paso imprescindible –deben pasar 90 días- para que las ONG puedan, en mayo, emprender acciones legales contra la Generalitat.
En el contencioso administrativo reclamarán que se les pague lo que se les adeuda. “Y creemos, nada más presentar la demanda, puede fallar cautelarmente a nuestro favor”, confía Mateu. “Los convenios están firmados y los informes aprobados; todo está a nuestro favor”. Incluso algún precedente. En Murcia, un juzgado falló a favor de las ONG en un caso similar.
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