“El terremoto del 12 enero de 2010 dejó cerca de dos millones de haitianos sin hogar -casi una cuarta parte de la población- desencadenando una crisis humanitaria sin precedentes”. Así comenzaba el informe 2011 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en la isla de Haití. Además de los 230.000 muertos y los 300.000 heridos, se ponía otro tema sobre la mesa: la situación precaria de los supervivientes de la catástrofe.
A finales de 2010, más de un millón de desplazados continuaban sobreviviendo en condiciones extremas en alguno de los 1.110 campamentos provisionales. Y hoy en día, cuando se cumplen tres años del terremoto, las condiciones de la población en los campamentos provisionales parece que no ha mejorado. Las condiciones sanitarias son deficientes, existen 800.000 personas que no tienen acceso regular a alimentos básicos, el acceso al agua, al saneamiento y a los sistemas de eliminación de residuos es limitado, y todo ello contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas, como el cólera.
Y la bola se va haciendo mayor: demasiados años sin que se hayan afrontado los problemas la población más desamparada han hecho que estas dificultades iniciales causadas por la catástrofe hayan creado otras. Cuando no se cubren las necesidades más básicas, se da pie al caos y la situación se vuelve cada vez más insegura. Uno de los problemas más
acuciantes es el aumento de la violencia hacia uno de los colectivos más vulnerables: las niñas y las mujeres.
La situación de extrema emergencia que viven los haitianos no sólo se ha alargado demasiado, sino que empeora a paso de gigante.
Más acciones, menos donaciones
Un mes después del terremoto, en febrero de 2010, 10 ONG presentes en Haití y asociadas a la Federación Catalana de ONG (FCONG) se sumaron al movimiento internacional de países donantes y organizaciones internacionales que se comprometieron a aportar 5.300 millones de dólares durante 18 meses para financiar la reconstrucción de la isla.
Aunque la comunidad internacional y las agencias humanitarias respondieron rápidamente a la llamada de emergencia, la ayuda no sólo llegó con lentitud -sobre todo a aquellas comunidades más afectadas- sino que no ha servido para emprender actuaciones que puedan asegurar unas condiciones de vida dignas y a largo plazo a los miles de desplazados.
La construcción de alojamientos provisionales fue muy lenta: no ayudaba el hecho de que las autoridades no ofrecieran terrenos adecuados. Tampoco se conocía ninguna información clara sobre los planes y políticas gubernamentales para realojar a los afectados en viviendas adecuadas y permanentes. El resultado es que la gran mayoría de las personas desplazadas sigue sin tener acceso a un alojamiento adecuado.
Desalojos forzosos
Desde el terremoto, las autoridades locales y los terratenientes han ido desalojando por la fuerza y sin el proceso adecuado a miles de familias desplazadas que ocupaban terrenos públicos y particulares. La situación de Marie (nombre ficticio) y de su hijo es tan sólo un ejemplo de lo que ha sido el pan de cada día para la población haitiana.
“El comité del campamento nos presionaba para que nos fuéramos. Decían que necesitaban la plaza para un campeonato [de fútbol]. Pero no teníamos donde ir, así que nos quedamos. De vez en cuando, distribuían folletos con amenazas. De noche, nos lanzaban piedras y botellas a las tiendas [...] Entonces, un día, a las tres de la madrugada, vinieron y empezaron a llamar a las puertas. Luego, me destrozaron el refugio con hojas de afeitar y cuchillos [...] Me sacaron a empujones y comenzaron a romper todo. No tuve tiempo de llevarme ninguna de mis cosas, me quedé sólo con la ropa que llevaba puesta”. Marie y su hijo fueron desalojados a la fuerza y con violencia el 21 de diciembre de 2011 de Place Jérémie, junto con decenas de familias más.
Pan para hoy, hambre para mañana
La única actuación que han llevado a cabo las autoridades haitianas ha sido la puesta en marcha del “Proyecto 16/6”, un plan de realojamiento de personas de 50 campamentos para desplazados en 16 barrios. El plan concede a las familias un subsidio para alquiler de 500 dólares estadounidenses durante un período de 12 meses a fin de animarlas a abandonar los campamentos y buscar una vivienda mejor, así como 25 dólares para transporte. Una idea para maquillar una situación actual pero no una solución de futuro.
Aunque el plan ha ayudado algunas familias, los subsidios son demasiado bajos y no se apoya en la búsqueda de alojamiento a largo plazo. De hecho, muchas personas trasladaron a Amnistía Internacional su preocupación por no saber a dónde irían a vivir cuando se les acabara el subsidio y no pudieran pagar el alquiler.
Las donaciones internacionales deben servir para ayudar a las organizaciones y los gobiernos locales a reconstruir la sociedad con decisiones de futuro y políticas de derechos humanos.
La responsabilidad es doble: la comunidad internacional debe garantizar que sus esfuerzos se traducen en proyectos de reconstrucción real de la vida de los afectados, no sólo en donaciones a la caridad. Pero son los gobiernos nacional y local los que deben pensar a largo plazo, utilizar toda esta ayuda para empezar a construir, hoy, lo que hará crecer Haití en los próximos años. ¿Quieren o saben hacerlo? Si el resto del mundo vuelve a dirigir la mirada hacia allí, seguro que lo intentan.
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