Los trabajadores que atienden al público en la oficina que Endesa tiene abierta en Gran Vía de Barcelona están en huelga desde el 22 de diciembre pasado y mantienen la movilización hasta que su caso tenga una solución.
La situación de este colectivo muestra como de kafkiana puede ser la política de subcontratación. Tal como publicó El Diari del Treball, la eléctrica Endesa hizo un concurso para adjudicar la atención al público que se hace en la Oficina de Gran Vía 608, de Barcelona, que llevaba años asumía la multinacional del servicios Eulen. Finalmente quien se quedó esta contratación fue la también multinacional Accenture. Pero, esta empresa, al no estar contemplado en el contrato, ha decidido no asumir los trabajadores que hacían el servicio, lo que hasta ahora pasaba el situaciones como la mencionada.
Los trabajadores se han visto en una peripecia alucinante, porque por un lado ven que su relación laboral con Accenture se deshace, y que la nueva adjudicataria del servicio no acepta su incorporación. Al mismo tiempo, Endesa asegura a los representantes de los trabajadores, de CCOO, que ella no tiene nada que decir.
La situación de los 23 trabajadores afectados por el traspaso entre empresas es que podrían terminar quedándose sin trabajo y sin ningún tipo de protección social, incluido el subsidio de paro, fruto del arreglo mencionado, a partir del 1 de enero. Ante esto, el comité de empresa del centro de trabajo se ha constituido en comité de huelga y proclamó paros de 24 horas los días 22, 23, y 24 de diciembre, y, en una segunda tanda, el 31 de diciembre.
Prolongación de la incertidumbre
Fruto de la protesta inspección de trabajo citó los tres grupos empresariales y a los representantes de los trabajadores. El resultado no permitió avanzar, para que las empresas se afianzaron en sus versiones.
Lo que sí ha ocurrido es que la resolución del traspaso se ha aplazado hasta el 31 de enero. En este lapso de tiempo los trabajadores mantienen sus protestas. Fuentes de CCOO en Eulen, la empresa que era la responsable de los operarios, han anunciado que “la posición de las empresas no nos deja otra alternativa que una denuncia judicial contra las tres que están implicadas en esta situación».