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La juez pone fecha al desalojo del asentamiento más grande de Barcelona: 18 de julio

La nave industrial de la calle Puigcerdà de Barcelona, número 127./ MARIA ALZAMORA

Pau Rodríguez

Barcelona —

Las cerca de 300 personas que malviven en la principal nave industrial ocupada del Poblenou, en la calle Puigcerdà, han sabido este miércoles que deberán abandonar el que hasta ahora era su techo. El juzgado de primera instancia número 21 de Barcelona ha fallado a favor de la propiedad de la nave, Fincas Riana SL, y ha puesto fecha y hora al desalojo del inmueble: el 18 de julio a las 9.30 h. En el asentamiento se calcula que duermen actualmente cerca de 300 personas, la mayoría de origen subsahariano y que se dedican al negocio de la chatarra.

La sentencia deja claro que el desalojo se debe a que los denunciados no pueden acreditar mediante documentación ningún “título” que ampare su uso del inmueble. Sin embargo, la juez añade en el texto que “es consciente de la crisis humanitaria que puede desencadenar” su decisión, y por ello pide “a los Mossos, a los Servicios Sociales y al Ayuntamiento de Barcelona que presten la ayuda y hagan las gestiones necesarias para solucionar los problemas de vivienda” que sufren las personas que viven actualmente en la nave.

Precisamente a esta petición se remitirá la asamblea vecinal de apoyo a los asentamientos del Poblenou para exigir al consistorio barcelonés que se comprometa antes del 18 de julio a dar una solución a los ocupantes. Hasta ahora desde el colectivo vecinal se quejan de que las únicas actuaciones por parte del Ayuntamiento han sido “de diagnóstico y puntuales”. Es decir, que se ha ofrecido ayuda humanitaria a los habitantes -comida, mantas y material de primera necesidad por medio de la Cruz Roja- y en algunos casos alojamientos temporales, pero sin aportar “soluciones globales”, dice Carlota Falgueras, miembro de la red.

Una de las primeras medidas, de urgencia, que propondrá la red de apoyo es pedir a la propiedad una moratoria en el desalojo de la nave, a la espera de arrancar un compromiso en firme del Ayuntamiento de que se garantizará vivienda a los afectados, “con independencia de si tienen papeles o no”. Si no, se opondrán frontalmente al desalojo, y ya hacen un llamamiento a los vecinos de la ciudad para hacerle frente.

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