La Fiscalía acusa a un cobrador de deudas de “amedrentar” a una familia vulnerable

La Fiscalía de Barcelona pide dos años de cárcel para dos responsables y una empleada de DPS Consulting, un bufete de impagos subcontratado por Endesa, a los que acusa de “amedrentar” a una familia vulnerable haciéndose pasar por funcionarios de un juzgado. El engaño tenía como objetivo cobrar una deuda con la energética de 2.369,43 euros.

Un portavoz de la eléctrica ha indicado que, tras conocer los hechos, se abrió una investigación interna y se conminó al bufete para que no se volvieran a repetir y se depuraran responsabilidades. El despacho DPS Consulting y sus responsables recurrieron su procesamiento, aunque la Justicia lo avaló. Ahora tienen diez días para presentar escrito de defensa antes del juicio.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal mantiene que los dos directivos del bufete encausados idearon un plan para cobrar las deudas consistente en unas “llamadas especiales” en las que empleados de la firma simulaban ser funcionarios del servicio de notificaciones judiciales. De cada deuda cobrada de Endesa, el despacho se llevaba el 18%, resalta la fiscal.

El 3 de julio de 2020, la tercera acusada, una empleada de DPS, llevó a la práctica el plan del bufete y llamó a Yolanda, una vecina de Cubelles (Barcelona) que vive con su hijo menor de edad y tiene reconocida una situación de vulnerabilidad. La mujer grabó la conversación y el audio se ha convertido en la principal prueba del caso.

“Con ánimo de constreñir la voluntad” de Yolanda, mantiene la Fiscalía, la empleada simuló llamarla desde el juzgado y le conminó a pagar toda la deuda en cinco días bajo advertencia de que si no lo hacía se procedería a embargar sus cuentas bancarias y a cortarle el suministro de luz.

En la charla, la falsa funcionaria comunica a Yolanda que tiene “dos órdenes judiciales” y que le dará un teléfono de un abogado porque “tiene un grave problema judicial”. “Esta conversación la estamos grabando y se pondrá aquí en sede judicial”, abunda la acusada ante la confusión que expresa Yolanda. “Si cobra pensión, paro, ayuda o ERTE que salga de aquí del Estado, no lo vamos a ingresar”, advierte la procesada, que también recalca que debido al embargo Yolanda no podrá retirar dinero.

“Van a cortar y precintar contador para que ninguna compañía le dé luz”, agrega la encausada. Tras indicarle un número de teléfono de un abogado y Yolanda preguntar si era de Endesa, la trabajadora exclama: “No, no. Endesa no, nosotros somos funcionarios del Estado”. “Esta deuda es únicamente suya”, reitera la falsa funcionaria.

Tras insistir Yolanda en que no tiene dinero para cancelar la deuda, la empleada replica que debe presentar un documento conforme ha pagado lo que debe. “No le estoy llamando para que pague, le estoy diciendo que si lo quiere paralizar el procedimiento es llamar a los abogados, [...] depositar la totalidad de la denuncia [sic], enviar el documento de pago a los abogados por fax para que ellos me lo hagan llegar al juzgado y podamos paralizar el procedimiento judicial”.

Respaldo de la Audiencia de Barcelona

La Fiscalía califica estos hechos como un delito de coacciones y solicita dos años de cárcel para cada uno de los tres acusados. Yolanda, representada por el letrado David Aranda de Arrels Advocats y con el apoyo de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), agrega los delitos de usurpación de funciones públicas y tentativa de estafa, lo que eleva la pena solicitada a cuatro año y nueve meses de cárcel para la trabajadora del despacho y los dos socios, además de una multa de 4.738,86 euros y una indemnización por daños morales de 1.000 euros.

La calificación fiscal llega después de que la Audiencia de Barcelona avalara la decisión de la jueza instructora de sentar en el banquillo a los responsables de DPS Consulting. En un auto, los magistrados rechazaron los motivos esgrimidos por el bufete de gestión de deudas para archivar la causa y que no se les pudiera acusar de estafa al concluir que la llamada de una de sus empleadas a Yolanda suponía “un engaño apto y suficiente” para que la afectada pagara el dinero “en perjuicio propio”.

“Convertir la reclamación de la deuda en un supuesto requerimiento de un juzgado inexistente es desde luego una conducta engañosa”, remarcaron los togados, que también tildaron de “engaño eficiente” la amenaza de cortar el suministro a Yolanda al constatar, gracias a la documentación de los servicios sociales y Endesa, que la afectada tenía reconocida la condición de vulnerable, “lo que comportaba que no se podía proceder al corte de suministro de la electricidad”.