El Gobierno espera contar “en breve” con el informe de la Abogacía del Estado sobre la financiación de las CCAA
El Gobierno ha aclarado que aún no existe informe de la Abogacía del Estado argumentando que un Ejecutivo en funciones no puede transferir a las Comunidades Autónomas más financiación, pero el Ministerio de Hacienda está a la espera de recibir “en breve” un escrito en este sentido.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló recientemente que había consultado a la Abogacía sobre si el Gobierno, estando en funciones, podía actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. La respuesta de los servicios jurídicos del Estado fue, según la ministra, que un Gobierno en funciones no puede dar este paso, por lo que Montero se comprometió a aprobar estas transferencias a las autonomías cuando se constituya un nuevo Ejecutivo.
El PP ha reclamado este lunes en el Congreso que Hacienda entregue el supuesto informe de la Abogacía del Estado donde se argumenta lo que dice la ministra. Fuentes del Ejecutivo han explicado este martes a Europa Press que aún no existe físicamente tal informe, pero que Hacienda está a la espera de recibirlo “en breve”.
La ausencia de Presupuestos, primero, y después el bloqueo de la investidura, ha impedido actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, así como pagar un ajuste del IVA de 2017 pendiente. Las comunidades elaboraron sus Presupuestos para este año contando con ese dinero, que finalmente no van a recibir y han denunciado ya un desajuste de más de 6.000 millones de euros, según datos recogidos por Europa Press.
Según los datos oficiales, la deuda total ascendería hasta los 7.200 millones, que las comunidades autónomas dejarían de recibir del Estado durante 2019 si no se formase gobierno antes de acabar el año. 4.700 de ellos corresponden a la recaudación por encima de lo previsto en el tramo autonómico del IRPF, mientras que otros 2.500 millones están pendientes de la liquidación del IVA de 2017. La Generalitat catalana ha iniciado este mismo martes los trámites para reclamar la cantidad que les corresponde, de 1.300 millones, ante los juzgados.
El PP considera que la distribución de fondos del sistema de financiación por parte del Estado tiene que ser obligatoria porque es un derecho de las autonomías, no algo “discrecional”, por lo que ve “especialmente importante” conocer los argumentos de la Abogacía del Estado a los que alude Hacienda.
Además de pedir este informe en el Congreso, el PP ha solicitado un debate en el Senado con el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas sobre esta cuestión. La iniciativa será votada este martes en la Diputación Permanente de la Cámara Alta y dependerá de la decisión del PSOE, con mayoría absoluta.
