La Generalitat inicia la vía judicial para reclamar al Gobierno 1.300 millones de la financiación autonómica
El Govern ha aprobado este martes iniciar la vía judicial para reclamar al Gobierno central el pago de 1.317 millones correspondientes a los impagos de este año del sistema de financiación autonómica. El acuerdo es previo al recurso contencioso-administrativo que el vicepresident Pere Aragonès ya anunció la semana pasada, cuando además invitó a otras comunidades a sumarse a la reclamación.
La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha indicado además que finalmente no habrá demanda conjunta de las autonomías, aunque ha remarcado que otras comunidades se han sumado a su queja. La Generalitat considera que el Gobierno está vulnerando la ley al haber “retenido” los ingresos a cuenta de la mejora de la recaudación del IRPF e IVA de 2017. “El Gobierno alega que no puede hacerlo porque está en funciones”, ha dicho Budó, “pero esta razón no nos vale porque los pagos de los anticipos son una obligación exigible y parte de un supuesto ordinario”.
La Generalitat abrió la batalla por los 1.317 millones de euros en febrero pasado, con un requerimiento previo enviado a Hacienda. Sin embargo, después de recibir una carta desde el Gobierno central advirtiendo de que la administración catalana debía contener el gasto, el Govern optó por reclamar el pago por la vía judicial, al mismo tiempo cerraba el grifo a sus organismos y empresas públicas imponiendo un 6% de recorte.
En total son 7.200 millones los que enfrentan a las comunidades autónomas con el Gobierno central. De estos, 4.700 sería en concepto de entregas a cuenta repartidos entre las autonomías de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra), debido a la recaudación por encima de lo previsto en el tramo autonómico del IRPF. A estos deben sumarse otros 2.500 millones, que quedaron pendientes desde el pasado mes de diciembre de 2017 debido al cambio del sistema de liquidación del IVA.
“Desde el Govern consideramos adecuado llevar esta cuestión al contencioso-administrativo”, ha indicado Budó, que ha añadido que tienen constancia de que las comunidades de Castilla y Leon y Galicia también tienen previsto optar por esta vía. Otras autonomías, como la Comunidad Valenciana, ya descartaron la semana pasada llevar al Gobierno ante los tribunales, cuestionando que la vía judicial fuese “la correcta”.
A la presión de la Generalitat catalana se suma la que están ejerciendo las comunidades gobernadas por el PP, que han comenzado una batería de iniciativas para reclamar que el Gobierno central efectúe los pagos. Por un lado, el grupo del PP en el Senado ha reclamado que se celebre un debate urgente con el Ministerio de Hacienda y las CCAA sobre financiación, algo que será debatido por la Diputación Permanente de la Cámara Alta este mismo martes. En paralelo, el PP reclama que el Ejecutivo explique en el Congreso las razones técnicas a las que alude para retener los pagos mientras esté en funciones.
La Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, alega que es la Abogacía del Estado quien ha informado de que no es posible hacer traspasos derivados del sistema de financiación autonómica mientras hay un gobierno en funciones. En un primer momento se alegó que la falta de presupuestos impedían a Hacienda hacer estos ingresos a cuenta a las autonomías, pero el Gobierno de Pedro Sánchez considera ahora que pueden hacerse sin ley presupuestaria, pero no desde un Ejecutivo en funciones. El PP pone en duda el informe e insta al Gobierno a enseñarlo.
