El Govern pide ejercer la acusación popular en la causa por torturas de policías franquistas de Barcelona

Movimiento de la Generalitat para evitar que la única denuncia interpuesta por ahora en Catalunya por torturas de policías franquistas termine en nada. El Govern ha pedido ejercer la acusación popular ante el juzgado que debe decidir si admite o no a trámite la querella del militante del PSUC Carles Vallejo, detenido y torturado en dos ocasiones en 1970 y 1971 por su actividad política y sindical contra la dictadura.

La Generalitat ha querido dar trascendencia al registro del escrito mediante una rueda de prensa de la consellera de Justicia y Memoria Democrática, Gemma Ubasart, junto a Vallejo, en la sede del Memorial Democràtic, coincidiendo con el día internacional de Naciones Unidas en favor de las víctimas de torturas.

“Los crímenes de lesa humanidad y las torturas no prescriben, tenemos la obligación de defender los Derechos Humanos siempre”, ha sentenciado Ubasart, en una velada referencia al posicionamiento de la Fiscalía de la semana pasada, contrario a que se investigaran las torturas a Vallejo.

En un escrito que ha sentado mal a las entidades de memoria al obviar mención alguna a la nueva Ley de Memoria Democrática, la Fiscalía de Barcelona pidió a la jueza no admitir la querella de Vallejo, en base a dos de los muros históricos que la Justicia ha impuesto a los represaliados por el franquismo en su intento de obtener verdad y reparación histórica: que las torturas a Vallejo estarían prescritas y que la Ley de Amnistía del 1977 impide investigarlas.

Vallejo también ha criticado el escrito de la Fiscalía: “No han tenido en cuenta el nuevo escenario jurídico”. El histórico represaliado franquista ha insistido en que, si bien algunos de los policías contra los que se querelló sabe que han fallecido, otros no porque eran igual de jóvenes que él cuando lo torturaban.

El escrito de la Fiscalía de Barcelona sigue lo dictaminado por una jueza de Ferrol, que concluyó que la Ley de Memoria no permitía sortear la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos para investigar los crímenes franquistas. Por contra, en Madrid una magistrada sí ha admitido una denuncia contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por torturas, y según fuentes jurídicas, el Ministerio Público no lo ha recurrido.

“Mi acción no es personal, cuando pienso en la querella pienso en los miles de hombres y mujeres que sufrieron torturas”, ha añadido Vallejo, que fue torturado en la comisaría de Via Laietana, epicentro de la represión franquista en Barcelona. La Generalitat pide desde hace años que sea un espacio de memoria, pero hasta ahora viene topándose con las negativas de Gobiernos tanto del PP como del PSOE.

Tanto Vallejo, representado por el centro Irídia, como la Generalitat creen que la nueva Ley de Memoria sí permite investigar su caso, habida cuenta de que estableció que se garantizará la “tutela judicial” en los procedimientos encaminados a la obtención de una declaración judicial de las víctimas de la dictadura.

La normativa también impuso que todas las leyes del Estado, incluida la de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional y en particular con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no prescriben.

A juicio de Ubasart, investigar las torturas al militante del PSUC “no es una forma de buscar castigo sino una forma de establecer judicialmente que lo que explica el señor Vallejo es cierto”. “No somos ingenuas y sabemos de las dificultades que hay, pero queremos crear las condiciones de oportunidad para que el Derecho avance”, ha apostillado.

En su querella, Vallejo relató cómo fue detenido y torturado en dos ocasiones en 1970 y 1971 por su actividad política y sindical. Al menos durante la primera detención, que duró 21 días, Vallejo “fue objeto de torturas a manos de los querellados y de otros agentes pendientes de identificar”, destaca el escrito redactado por las abogadas del centro Irídia Laura Medina y Sònia Olivella.

Las entidades querellantes, Amnistía Internacional, CeAqua e Irídia, han anunciado que enviarán una carta a Dolores Delgado, nueva fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria, para exigirle que “se posicione en relación a las querellas por crímenes del franquismo”.