El hilo que une a los jueces Aguirre y García Castellón en la denuncia de Trapero

Contra la amnistía, además de diputados, partidos políticos y periódicos, también se han movilizado fiscales y jueces. La mayoría, a través de comunicados y protestas con togas a las puertas de los juzgados, pero dos de ellos se han significado también a través de sus procedimientos contra Puigdemont. Desde la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, han emprendido investigaciones por terrorismo y alta traición al expresidente catalán Carles Puigdemont, que amenazan con arruinar la medida de gracia que se negocia en el Congreso.

Ambos jueces aparecen conectados en la denuncia que ha presentado el exjefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y a la que han tenido acceso elDiario.es y La Vanguardia, para que la Fiscalía investigue la guerra sucia que orquestó contra él un grupo de mandos policiales y altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según ha quedado patente en la investigación conjunta de La Vanguardia y elDiario.es. Ambos medios han venido desvelando notas informativas que pasaron por las manos de Jorge Fernández Díaz y en las que los comisarios corruptos atribuían a Trapero negocios con narcotraficantes.

La denuncia de Trapero atribuye a cada juez un papel. A Aguirre, su empeño en imputar a varios mossos por supuestos trapicheos con capos del narcotráfico que nunca se probaron. La imputación de Trapero en esa causa estuvo sobre la mesa del juez, pero no se llegó a acordar. García Castellón aparece citado por su negativa a investigar desde la Audiencia Nacional la guerra sucia contra Trapero de la denominada policía patriótica que él mismo denunció para que se incorporasen a las piezas del caso Tándem que indagaba en las actividades delictivas del comisario Villarejo.

En 45 folios, el entonces jefe de los Mossos hace una compilación de reuniones, audios, apuntes en la agenda de Villarejo e informes policiales para documentar un plan de una serie de policías corruptos para desactivar a Trapero mezclándolo con mafias de prostitución y capos del narcotráfico. Según Trapero, fue la respuesta a una serie de detenciones de policías y otros compinches de Villarejo desde la unidad que dirigía como jefe de la División de investigación criminal de los Mossos.

Esas prácticas comenzaron según Trapero en 2009 por disputas entre cuerpos policiales y se intensificaron con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno y sobre todo a partir de la Diada masiva de 2012, cuando el policía pasó a convertirse en un objetivo político. En la información publicada por elDiario.es y La Vanguardia figura en la lista de 34 investigaciones abiertas en año y medio a funcionarios, políticos y empresarios que aquella mafia policial vinculaba con el independentismo. De Trapero se decía que estaba siendo protegido por un clan de narcos: los Jodorovich.

Semejante acusación había empezado a alimentarse años antes por la mafia policial de Villarejo y cia. El escrito de Trapero a la Fiscalía resume así el material probatorio que aporta: “Pone de manifiesto que se habrían llevado a cabo una serie de actividades presuntamente delictivas que tenían como objetivo mi persona y personas que en su momento estaban bajo mi mando, atribuyéndome falsamente hechos delictivos con la intención de desacreditarme”.

Para sostener que fue víctima de una persecución, Trapero aporta informes apócrifos de la policía política, grabaciones de Villarejo con otros interlocutores, apuntes en la agenda del comisario hasta completar el puzle de un plan que pretendía pinchar su teléfono para que acabase denunciado en la Audiencia Nacional.

Pero la denuncia de Trapero se detiene también sobre algunas actuaciones del propio juez Aguirre. Relata algunos encontronazos a lo largo de investigaciones lideradas por el juez donde participaba su unidad policial y destaca “ciertas desavenencias con el juez instructor derivadas de su intención de intervenir las comunicaciones de todos los miembros de la Guardia Civil [que habían decomisado un cargamento de 45 kilos de cocaína en el marco del caso Cerberus], pero pidiendo verbalmente a la Unidad adjunta de los Mossos d’Esquadra [que dirigía Trapero] que esta petición se hiciera mediante un oficio policial, petición a la que respondí personalmente en el sentido de que no veía suficiente motivación para hacerlo pero que si el juez lo ordenaba mediante interlocutoria así se haría. Esta interlocutoria no se dictó nunca y a partir de ese momento se rompió la relación con la Unidad adjunta”.

Ese choque derivó en la decisión del juez de imputar a la práctica totalidad del equipo policial que lideraba Trapero, situación en la que los mantuvo durante ocho años desde mayo de 2011 hasta que resultaron todos exonerados. El razonamiento del exjefe de los Mossos se apoya sobre algunos escritos que aportó la Fiscalía sobre el modo de proceder de Aguirre contra él: “El juez de instrucción desarrolló a lo largo de la investigación un profundo prejuicio que le llevó a sostener su teoría y enriquecerla a base de decidir sin límite nuevas diligencias a medida que las que se practicaban no le ofrecían el resultado apetecido”. El Ministerio Público señaló también: “A medida que una evidencia del juez, supuestamente incontestable, se debilitaba hasta la evanescencia se planteaba otra distinta”.

La denuncia de Trapero sostiene que, aparte de los escritos en los procedimientos, miembros de la Fiscalía lo alertaron también en conversaciones informales: “Miembros de la propia Fiscalía me habían explicitado que la intención del juez era mi imputación, hecho que iba difundiendo en estos círculos sin ninguna discreción”. El juez no formalizó la imputación del major que había pedido la acusación del pseudosindicato Manos Limpias.

En febrero de 2015 Aguirre recurrió directamente a la Brigada de Análisis y revisión de casos de la Dirección Adjunta de la Policía, que dirigía Eugenio Pino, el departamento que recibía la mayor parte de informes apócrifos sobre objetivos independentistas y que reportaba directamente al ministro Fernández Díaz.

El rastro de las maniobras

El rastro de todos aquellos movimientos parapoliciales quedó en las agendas y también en las grabaciones de Villarejo y varios años más tarde, en 2021, durante el mes de septiembre, cuando se publicaron audios en los que el comisario hablaba con otros policías, sobre un plan para montar una causa falsa contra Trapero, su unidad remitió un informe al juez García Castellón para que evaluase si incorporar esas nuevas revelaciones a la lista de indicios que ya acumulaba en la causa Tándem contra Villarejo. La respuesta de García Castellón fue rauda y negativa. Solo unas semanas después, el magistrado de la Audiencia Nacional consideró esas conversaciones como el indicio de un plan, pero alegó que no había pruebas de que finalmente se pusiese en marcha para desacreditar a Trapero.

La conclusión del magistrado de la Audiencia Nacional es que los audios de tres policías imputados en un sinfín de causas por sus prácticas mafiosas, que incluían extorsiones y chantajes, planeando un montaje contra la máxima autoridad de la policía catalana no son elementos suficientes para investigarlo.

La Fiscalía Superior de Catalunya indagará ahora sobre esas prácticas de la policía política que García Castellón pasó por alto y, entre otras cosas, también sobre la insistencia del juez Aguirre para imputar a Trapero.