Los hospitales catalanes empiezan el verano en pie de guerra

Protesta de los trabajadores del Hospital de Bellvitge, el mes de mayo pasado / Foto: @_cafeambllet

Los frentes abiertos en la sanidad pública catalana se multiplican en este inicio de verano, una época del año poco habitual para las protestas. En estos últimos días está creciendo la tensión en diversos hospitales catalanes donde trabajadores y usuarios se movilizan para denunciar un empeoramiento contínuo de las condiciones laborales y de la calidad asistencial y en contra del nuevo modelo organizativo en Lleida.

El hospital de Bellvitge ha sido el principal foco de atención durante la semana pasada. El inicio de la temporada de verano y su consecuente reducción de camas disponibles ha elevado el conflicto latente desde hace meses entre la dirección y los trabajadores. El viernes pasado, diversos pacientes de la planta 12.2 rechazaron ser transferidos - con el apoyo de profesionales del centro - para evitar el cierre de la planta. El cierre será progresivo a lo largo del verano, con un pico de 170 camas cerradas en agosto pero los sindicatos - que se mantienen unidos en este conflicto - no están dispuestos a permitirlo y ya han anunciado que organizarán turnos de guardia para evitar los cierres de plantas.

Los sindicatos no niegan que el cierre temporal de verano sea una medida habitual que permite a los trabajadores de disfrutar de sus vacaciones anuales pero rechazan que se haga en el contexto de una reducción contínua de las camas disponibles. "Las listas de espera se han incrementado; las urgencias están colapsadas, con pacientes en los pasillos; y los profesionales estamos sufriendo una presión brutal, no damos abasto y hemos dicho basta", declaró este viernes Ramon Montoya, presidente de la Junta de personal.

El director gerente de Bellvitge, Alfredo García, reconoció únicamente el cierre estructural de 70 camas debido a la apertura en 2011 del Hospital Moisés Broggi pero la propia memoria del centro indica una cifra de 906 camas disponibles en 2009 frente a las 650 disponibles actualmente según las propias declaraciones de la dirección. Además, el presupuesto del centro se ha reducido de 322 a 281 millones de euros entre 2010 y 2013, lo que corresponde a una disminución del 13%. En 2014, el presupuesto sigue estable pero en realidad se deberá efectuar un recorte de seis millones de euros (11 millones según los sindicatos) para enjugar el déficit del año pasado.

El mes de mayo pasado, la Junta Clínica (un órgano que asesora a la dirección) y la Junta de los Jefes de Servicios enviaron cartas al director médico y al director gerente del centro en las que expresaron su "absoluto desacuerdo "con la nueva reducción presupuestaria. En sus escritos, los profesionales sanitarios argumentaban que los nuevos recortes afectarán la asistencia "hasta unos niveles que ya rebasan el mínimo razonable" y criticaban una previsible prolongación "injustificable" de las listas de espera quirúrgicas.

Colapso de las urgencias en la Vall d'Hebron

El otro foco de atención ha sido el Hospital de la Vall d'Hebron donde los médicos denunciaron la grave situación del servicio de urgencias. En una carta dirigida al Departament de Salut, al Institut Català de la Salut (ICS), y a los propios directivos de su centro, alertan del atasco que se produce en las urgencias, donde han llegado a tener a pacientes durante cinco días pendientes de ingreso. La dirección argumentó que el colapso era un "hecho puntual en las últimas tres semanas" y difundió un comunicado en el que detalló las reformas aplicadas desde enero del 2013 para mejorar el servicio de urgencias.

La movilización sigue en Lleida

Por otra parte, la movilización contra la reorganización de la sanidad pública en Lleida sigue su curso. La semana pasada, los opositores al proyecto de nueve ente que fusionaría los diferences servicios sanitarios de Ponent entregaron las 34.000 firmas recogidas pidiendo la paralización del proyecto. También continuan las protestas semanales frente a la dirección regional del ICS en Lleida así como en otras ciudades como Balaguer.

Los sindicatos están de acuerdo en que la fusión de los diferentes centros es una decisión racional que permitirá una gestión más eficiente y unas economías de escala. Sin embargo, no están de acuerdo con el modelo propuesto de consorcio, debido a los diferentes casos de presuntos conflictos de intereses en la sanidad concertada que se han conocido en los últimos años. Puesto que el 80% de la sanidad leridana está gestionado por el ICS, creen que la mejor solución es que el 20% restante también se integre en el ICS. El conseller Boi Ruiz reconoció esta semana que "existen problemas jurídicos para crear un consorcio que unifique los distintos servicios sanitarios en Lleida" pero aseguró que su administración está buscando un modelo que garantice que la sanidad leridana sea "siempre pública".

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Publicado el
29 de junio de 2014 - 14:19 h

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