Inquilinos de un fondo de inversión con más de 6.000 viviendas logran firmar la prórroga de sus alquileres en Catalunya

Varios inquilinos de uno de los mayores caseros de España, la socimi Vivenio, han visto en las últimas semanas cómo les aceptaban la prórroga del alquiler de dos años que reclamaron durante el poco tiempo que estuvo vigente. Así lo ha comunicado la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que aglutinó las demandas de una treintena de familias de cuatro edificios distintos en Catalunya. 

24 horas antes de que el Congreso votara, y tumbara, el real decreto que obligaba a los caseros a extender dos años más los contratos de alquiler que fueran a caducar, un total de 30 familias de Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs y Sant Cugat del Vallès enviaron un burofax a Vivenio para acogerse a la medida. Desde el Sindicato denunciaban que la intención de la empresa era no renovarlas para convertir sus viviendas en pisos de temporada.

Sin embargo, en las últimas semanas los inquilinos han visto cómo esta Socimi, participada mayoritariamente por el fondo holandés APG y que cuenta con 6.500 viviendas en España, ha aceptado las prórrogas. A medida que se acercaba la fecha de finalización de contratos, se han ido concediendo las prórrogas. Por ahora son 14 de las 30 familias reclamantes y no hay ninguna denegada. 

“Hemos consegudio que acepten prórrogas que al inicio se negaban a aceptar”, ha celebrado Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Catalunya, en referencia a que antes de la efímera vigencia de la prórroga de dos años, muchos de los afectados ya contaban con demandas por finalización de contrato o comunicaciones para abandonar el piso. “A todo el mundo al que le estén denegando la prórroga, que no se rinda”, ha añadido. 

Con todo, desde el Sindicato aseguran que el conflicto con Vivenio sigue “abierto”, puesto que consideran que no ha modificado en líneas generales su “política de no renovación de contratos” para hacer alquileres de temporada. En Barcelona, en una finca del Raval, constataron ofertas de alquiler por 2.122 euros, por encima de lo que limita el tope de alquileres vigente. 

Uno de los casos que más preocupan al Sindicato es el de Sant Adrià del Besòs, donde son 60 Viviendas de Protección Oficial (VPO) repartidas por tres bloques. Algunos de ellos ya han sido desalojados.