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Los Jesuitas de Catalunya anuncian una investigación de los abusos en sus colegios desde los años 60

Fachada del colegio Sant Ignasi

Pau Rodríguez

Los Jesuitas de Catalunya van a revisar los posibles abusos sexuales cometidos en sus centros escolares desde los años 60. En una decisión sin demasiados precedentes en instituciones religiosas que disponen de colegios concertados, esta congregación se compromete a realizar una “investigación sistemática” de estos casos días después de que El País publicara que uno de sus docentes fue trasladado a Bolivia en 1991 solo dos meses después de ser condenado por agredir sexualmente a una niña.

En un comunicado publicado este jueves, el delegado provincial de Jesuïtes de Catalunya, Llorenç Puig, y el director general de Jesuïtes Educació, Enric Masllorens, reconocen que “hay una asignatura pendiente en la investigación del pasado” y se comprometen a revisar los posibles abusos sexuales y otras “conductas impropias” ocurridas en sus ocho colegios. En este sentido, admiten que algunos casos se gestionaron de forma “deficiente” y piden perdón por ello.

Su intención, abundan en el comunicado, es hacer público el resultado de la investigación “respetando la voluntad de las víctimas y el derecho a la presunción de inocencia de las personas”. Asimismo, han habilitado un correo corporativo, escoltar@fje.edu, para que les hagan llegar “cualquier información o inquietud sobre esta cuestión”.

La reacción de los Jesuitas llega después de que El País publicara recientemente que uno de sus profesores, condenado por abusos sexuales en 1991 en el colegio Sant Ignasi de Barcelona, fue trasladado a Bolivia tomar la institución más medidas disciplinarias que alejarle de la docencia. Luis Tó González fue condenado a dos años de cárcel por agredir a una niña de 8 años, pero no ingresó en prisión por falta de antecedentes.

Sus superiores le enviaron a Bolivia, donde vivió hasta que falleció en 2017. Allí colaboró en el Centro Multiservicios Educativos, una suerte de obra social de la institución, pero en la que, aseguran, se limitó a llevar a cabo tareas administrativas y no en contacto con menores.

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