El juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón ha desoído las peticiones de la Fiscalía, las acusaciones populares y las defensas de los CDR procesados por conformar una supuesta organización terrorista y ha rechazado alargar la investigación del caso. El magistrado pone así la quinta marcha para cerrar el sumario y enviar a juicio a los activistas independentistas.
La decisión del juez se produce en contra de lo solicitado por todas las partes de la causa, que querían otros seis meses o bien un año de más investigación para incorporar documentos al caso, tener tiempo para analizarlos y, en su caso, solicitar nuevas pruebas. Pero el juez lo ha rechazado, pese a que todavía no ha dado traslado a las defensas de las causas secretas de las que se deriva la investigación a los CDR, tal y como le ordenó hace ya seis meses la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Aunque las defensas todavía no tienen ni un papel de las causas requeridas, el juez asegura que ya ha acordado su envío, por lo que entiende que “no procede” prorrogar la investigación del caso. Y manifiesta su intención de concluir el sumario del caso en 10 días, el paso previo a enviar a juicio a los 13 CDR procesados.
Según la abogada defensora Eva Pous, de Alerta Solidària, la maniobra del juez busca un cierre rápido del sumario para no dejar tiempo a las defensas a estudiar las dos causas secretas de las que derivan las pesquisas sobre los CDR, que según prevé la letrada presentarán “multitud de irregularidades, igual que todo el caso hasta ahora”.
Fue en enero cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a García Castellón a entregar los autos por los que acordaba los pinchazos telefónicos del caso así como los archivos de audio originales “sin editar”, así como el conjunto de la causa secreta de la que partió el caso de los CDR. Pasados seis meses, las defensas no tienen todavía esa causa, empezada en 2017, un año antes que la de los CDR.
La causa de los CDR bebe directamente de una investigación judicial previa, abierta un año antes y que permanece bajo secreto de sumario desde entonces. El secreto implica que la causa solo la conocen el juez y el fiscal, y no las defensas. Es en esa causa donde constan los indicios que motivaron las intervenciones telefónicas de los procesados, una de las principales pruebas del caso.
La Audiencia Nacional afeó a García Castellón que su rechazo a facilitar la causa secreta “vulnera” el derecho a la tutela judicial efectiva de los procesados reconocida tanto en la Constitución como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ninguna ley “justifica en modo alguno la práctica de ocultar parte de los elementos esenciales del proceso de investigación”, remarcaron los jueces. A día de hoy el juez sigue sin cumplir ese mandato.