La jueza ve “imprescindible” que el Gobierno desclasifique datos sobre el espionaje a independentistas con Pegasus

Ya es oficial. La jueza de Barcelona que investiga el espionaje con Pegasus a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba ha enviado la petición al Consejo de Ministros para que el Gobierno desclasifique todos los datos y documentos declarados secretos o reservados sobre la infiltración en el teléfono de los dos espiados. Es la primera vez que un magistrado formaliza una solicitud de este tipo.

En un auto, la magistrada argumenta que resulta “imprescindible” retirar la reserva a todos los “asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos” que afecten al espionaje denunciado por Jové y Riba ante la declaración como testigo en la causa de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro.

El objetivo de la petición para desclasificar documentos es precisamente que Casteleiro, cuando comparezca como testigo, no puede acogerse a que los datos sobre los que le preguntan la magistrada y el resto de partes son secretos.

Tras revelarse el espionaje en abril del año pasado, los independentistas afectados por el caso Pegasus pidieron a la Justicia investigar la infiltración en sus móviles. Sin embargo, en un primer momento varios jueces de instrucción de Barcelona –la causa se instruye en varios juzgados y por ahora no se ha juntado en una investigación– frenaron las pesquisas.

No fue hasta que los independentistas recurrieron que una instancia superior, la Audiencia de Barcelona, ha ordenado a los jueces instructores investigar a fondo el caso. Los magistrados acordaron la imputación de la firma israelí NSO, que comercializa el 'software' espía, preguntar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) si ha comprado el programa y la comparecencia como testigo de su directora, Esperanza Casteleiro.

La querella de Riba y Jové reclama enfocar la investigación tanto hacia la empresa israelí como hacia el CNI u otros organismos estatales supuestamente compradores de Pegasus. Esta segunda vía de investigación ya fue descartada por el juez y el fiscal en verano de 2020, cuando así se lo pidieron los primeros espiados, los también republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall.

Las distintas investigaciones habían quedado en vía muerta por la negativa de los jueces a imputar al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y el silencio de Israel, que lleva dos años sin contestar la petición de auxilio del juez de Barcelona para que NSO Group aportara los datos que conserva respecto los móviles de Torrent y Maragall.

A nivel político, ERC y el Gobierno suavizaron la tensión por el espionaje con el cese de la antecesora de Castelerio, Paz Esteban, quien reconoció en el Congreso el espionaje a 18 independentistas, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo. Una crisis susceptible de reabrirse con las revelaciones que proporcione la causa judicial.