La difícil tarea de proteger a un alertador de corrupción: “No son chivatos, tienen compromiso cívico”

España asocia la figura del informador o el alertador a los grandes casos de corrupción. La mayoría de estas personas, sin embargo, se ha topado con irregularidades y presiones que no abren informativos, pero que les marcan de por vida. La actual normativa estatal, aprobada en 2023 tras años de retraso, traspuso una directiva europea de obligado cumplimiento, pero existe consenso entre distintos actores en que su aplicación es mejorable.

La Generalitat de Catalunya quiere presentar este 2026 la norma autonómica de protección de los alertadores, que después tendrá que empezar su recorrido parlamentario. Con ella se pretende mejorar la ley estatal, que se ha constatado como demasiado formalista y centrada más en los canales de denuncia que en la protección real del informante.

Así lo ha advertido ante el Parlament el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs. Similar diagnóstico realiza el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ve “poca claridad” en algunos aspectos de la ley estatal.

Cada año la OAC reconoce a más personas como alertadoras (74 en 2025), y avisa a administraciones y entidades de que no pueden tomar represalias contra ellas. En la práctica, sin embargo, estas advertencias de Antifraude quedan condicionadas a la voluntad de la administración afectada.

“Cuando hay lealtad institucional, la situación puede reconducirse, pero cuando no existe, la persona alertadora queda expuesta a graves problemas sin que la ley actual proporcione instrumentos suficientes para evitarlos”, alertó el exmagistrado ante la Cámara.

Los casos que ha afrontado Antifraude lo corroboran: en algunos, los organismos afectados han cumplido y no han echado a los informantes, pero en otros se ha procedido al despido de los alertadores.

Además del sustento económico (hay un caso de un informador en riesgo de desahucio), la ansiedad y el miedo a las represalias son otro rasgo común en los alertadores. Antifraude ha tomado la iniciativa y, aunque no le obliga ninguna norma, suscribirá un convenio con el Colegio de Psicología de Catalunya (COPC) para destinar parte de su presupuesto a que se atienda psicológicamente a los informantes.

Caamaño ha elaborado un dictamen para la Generalitat en el que analiza la ley estatal y propone reformas para la futura norma catalana. La nueva ley, según la propuesta del exministro, debe precisar el ámbito material y personal para garantizar una protección integral, en especial en municipios de menos de 10.000 habitantes, donde los alertadores pueden estar más expuestos.

También ve necesario definir mejor los sistemas internos de información como herramientas de selección, garantizar la confidencialidad de los canales internos, regular la exención de responsabilidad del confidente y establecer un régimen sancionador específico.

Desde Antifraude se han identificado 34 carencias normativas de la ley estatal para mejorarlas con la ley autonómica. Una de las más destacadas es el hecho de que las resoluciones de la Oficina no tienen carácter ejecutivo y sin posibilidad de castigar con contundencia las infracciones. La normativa actual tampoco recoge medidas de apoyo económico ni indemnizaciones para los informadores.

Las lagunas de la norma, remarcó Salàs ante los diputados, han generado “situaciones especialmente graves” con personas alertadoras en riesgo a las que la Oficina “no ha podido dar respuesta efectiva”. Los factores que más limitan el trabajo del organismo son la ausencia de medidas cautelares eficaces, la exigencia de haber utilizado un canal de alerta concreto para acceder a la protección, la falta de preservación efectiva del anonimato, o los problemas derivados de la eventual judicialización de un caso.

Caamaño advierte de que, al margen de las reformas legales que se impulsen, es necesario un “cambio de mentalidad” tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas y eliminar la “connotación peyorativa” todavía existente en esta figura.

“Al alertador se le identifica todavía con un chivato, cuando en realidad tienen un compromiso social y público muy importante, porque advierten de que se pueden estar usando mal los recursos de todos”, argumenta Caamaño, que ha investigado sobre esta figura tanto históricamente como en la legislación actual.

Por su lado, algunos alertadores también han presentado su propia propuesta ante el Parlament. Uno de sus impulsores, Oriol Camacho, ha estudiado los modelos de distintos países europeos y prioriza cuatro medidas: segregar las funciones de agencia anticorrupción de la protección de alertadores (como ocurre en Francia); obligar al ente afectado a recibir autorización para cualquier aspecto laboral que quiera modificar del alertador; y mejorar la rendición de cuentas al informante y la coordinación con la Fiscalía y los juzgados. “Estamos lejos de ser como Dinamarca”, remacha.

Aunque reclame cambios, Camacho tiene claro que la OAC no es el enemigo: “No queremos cargarnos a Antifraude, solo queremos mejorarla”. “Sabemos muy bien que hay partidos que querrán usar las discrepancias como excusa para cerrar Antifraude, pero nosotros la defendemos”, apostilla el alertador, consciente de que los gobiernos autonómicos de PP y Vox de los últimos años han fulminado o dejado en la mínima expresión estos entes.