Todos los miembros de la única mesa electoral del pueblo de El Brull (Barcelona) son mayores de 60 años
El azar ha hecho que los tres miembros de la única mesa electoral de El Brull, un pueblo de 250 habitantes de la comarca de Osona, en Barcelona, sean de riesgo: todos son mayores de 60 años. El alcalde, Ferran Teixidó, ha explicado a la Agència Catalana de Notícies que es un hecho insólito hasta ahora, y ha asegurado que, en plena pandemia, los afectados tienen miedo por las posibles consecuencias.
Entre los cinco suplentes, también hay dos personas de riesgo. Uno de ellos es Josep Brunet, de 60 años. Este sábado, el alcalde le hizo llegar personalmente la notificación y él la recibió con resignación. “Trataré de presentar alegaciones porque me operaron el brazo hace un mes”, ha afirmado. En este caso, además, el riesgo es grande porque convive con sus padres, de más de 90 años. Otra de las suplentes está enferma de COVID-19.
“Están asustados, nunca había salido un corte de edad así para formar la mesa”, ha relatado Teixidó, que recuerda que los miembros de la única mesa electoral del pueblo solían ser tanto jóvenes como gente mayor. Los recursos que presenten los vecinos de El Brull alegando que son mayores de 60 años para no formar parte de la mesa se resolverán en el juzgado de Vic.
El sorteo de las mesas electorales se ha celebrado ya en casi todas las poblaciones catalanas después de que la Justicia decidiera mantener de forma provisional -debe confirmarlo antes del 8 de febrero- la fecha del 14F como cita electoral, en contra del aplazamiento que quería el Govern en base a motivos sanitarios.
Una de las circunstancias provocadas por la pandemia es que los miembros de las mesas electorales estén equipados con buzos, guantes, mascarillas y gafas protectoras. Los equipos de protección individual (EPI) se utilizarán por parte de los encargados de la votación a partir de las 18:40, horario en el que se recomienda que acudan las personas que estén en cuarentena, bien por ser contactos o directamente por estar contagiados por COVID-19. El Govern desea evitar así que se repita lo que ocurrió en Euskadi y Galicia en julio pasado, cuando grupos de población quedaron excluidos.
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