Hay políticos y militares que están detenidos o procesados, acusados de crímenes de guerra. El Tribunal Penal Internacional de La Haya tiene en sus celdas a presuntos responsables de esos crímenes en los Balcanes o África (República Democrática del Congo, Uganda, Sudán y Sierra Leona). Este Tribunal dictó hace dos años una orden de búsqueda y captura contra el presidente del Sudán, Omar al Bashir, por crímenes de guerra y contra la Humanidad a la región del Darfur, lo que le obliga a ir con sumo cuidado a la hora de elegir sus viajes al extranjero.
Se trata de personas que han intervenido directamente en estos crímenes o que los han organizado o autorizado.
Hasta ahora han fracasado las tentativas de llevar ante esa Corte Penal a los dirigentes de los países que pusieron en marcha la invasión de Irak, incluidos los entonces presidentes de los Estados Unidos (George Bush), Reino Unido (Toni Blair), España (José María Aznar) y la Comisión Europea (José Manuel Durao Barroso).
Unos activistas alemanes han elaborado una querella contra el propio Barroso, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, la canciller alemana, Angela Merkel, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, por los efectos de la política económica que han impuesto en Grecia en los últimos años.
En este caso ya no estamos hablando de “crímenes de guerra” sino, si acaso, de “crímenes de paz”. La política de austeridad impuesta a los países del sur de Europa ha causado pobreza, miseria y muertes. No solo en el sur de Europa. Stephanie Bottrill se suicidó en la población británica de Solihull, el pasado mes de mayo, después de recibir una notificación conforme tenía que pagar 80 euros más al mes a raíz de la entrada en vigor de una nueva tasa para dormitorios aprobada por el Gobierno de David Cameron. Dejó una nota escrita dirigida a su hijo pidiéndole que no se culpase de su suicidio. “Los únicos culpables están en el Gobierno”, escribió poco antes de tirarse bajo las ruedas de un camión.
¿Podemos calificar la aprobación de ese impuesto como un “crimen de paz”?
¿Y los numerosos suicidios (muchos de silenciados) de personas que son desahuciadas por no poder pagar el alquiler o la hipoteca de su piso y que son abandonados a su suerte por los gobernantes?
Cuando una ministra de Sanidad pretende que padres que tienen un hijo con cáncer paguen parte del coste de los medicamentos que necesita, ¿es exagerado calificarlo de “crimen de paz”?
Cuando una consejera de Bienestar Social dice a los familiares de ancianos que esperan recibir la ayuda que les corresponde por la Ley de la Dependencia para ingresarlos en una residencia que se lo quiten de la cabeza ¿podemos calificarlo de “crimen de paz”?
Yo no tengo ninguna duda.
Sobre este blog
El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.
Llegir Opinions en català aquí.
