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El 155, un escándalo jurídico al que no debemos acostumbrarnos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el ex conseller Oriol Junqueras, ahora encarcelado

Decía la filósofa francesa Simone de Beauvoir -importante referente feminista- que el aspecto más escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. Esta afirmación es plenamente vigente para analizar la sociedad patriarcal en que vivimos o para asimilar que ya hemos superado el primer año de mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. En Cataluña pasa algo similar con la situación de nuestro autogobierno; suspendido e intervenido por el Estado. La aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sido excesiva; un escándalo jurídico y un exceso político al cual no deberíamos acostumbrarnos.

Es cierto que la detención y exilio de los miembros del Gobierno de Cataluña ha eclipsado mediáticamente la imposición de una administración colonial a las instituciones de autogobierno catalanas. Aun así, la situación acontecida es de una gran magnitud y sobrepasa las líneas rojas del campo de juego autonómico.

La aplicación del 155 se ha llevado a cabo con la ayuda de técnicos y altos cargos de los Ministerios con más peso, bajo la coordinación de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Finalmente no se ha nombrado un ejecutivo títere como tal, puesto que el poder autonómico lo ejerce directamente el gobierno central. ¿Qué implica esto?

La activación del artículo 155 de la Constitución comportó un primer paquete de medidas destinado al cese del Presidente, el Vicepresidente y los consejeros y consejeras del Govern (que perdieron el aforamiento a causa de este hecho) y del Mayor de los Mossos d’Esquadra. Además, por acuerdo del Consejo de Ministros, se cerraron 3 organismos destinados al desarrollo del autogobierno, se cesaron los delegados territoriales de la Generalitat y se suprimieron 13 delegaciones en el exterior. Todas estas medidas han implicado la destitución de gran parte del personal directivo de la administración catalana -hasta un total de 186 cesados según los datos publicados-.

La actuación diligente del gobierno español, con la complicidad del PSOE y de Ciudadanos, ha convertido la administración catalana en un gran zombie inmóvil, a la espera de unas elecciones que no esconden un escándalo democrático de proporciones bíblicas. El desembarco del gobierno español, además, no ha sido nada suave. El Confidencial Digital estimaba el pasado mes de octubre que Sáenz de Santamaría haría desembarcar más de 200 altos cargos para “poner orden” (sic) en Cataluña. ¿Quién había osado hablar de un 155 blando?

La toma de control de la Generalitat se ha concretado en las últimas semanas con la llegada de hombres de negro a las dependencias de diferentes consejerías. Mientras Juan Antonio Puigserver, Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, se hacía cargo de la conselleria de Interior, un grupo de diplomáticos españoles cogían las riendas de la conselleria de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia. Además, se ha sabido que Puigserver coordinará el área de procesos electorales que depende del departamento de la Vicepresidencia y, en la práctica, supervisará la operativa electoral del 21-D.

Durante estos días también ha trascendido que algunas de las medidas que tienen que impulsar la administración del 155 tienen que contar con la firma del ministro del área correspondiente. Por esta razón, los ministros usarán los despachos de los consejeros, a pesar de que tienen claras instrucciones de actuar con discreción para no generar polémica en los medios de comunicación.

Hay que recordar, además, que la autonomía financiera de la Generalitat es nula, después de que Montoro decidiera supervisar las cuentas autonómicas durante el mes de septiembre. Aun así, será en este mes de Noviembre cuando el ministro de Hacienda se estrene abonando la nómina de los más de 200.000 servidores públicos de la administración catalana. Hasta este mes los salarios se habían pagado íntegramente a cargo de la propia tesorería de la Generalitat.

En conclusión, la situación de la administración catalana difiere de la normalidad que anuncia Rajoy durante sus mítines. La tan anunciada restauración de la legalidad ha tenido un impacto gigantesco sobre el funcionamiento ordinario de las instituciones catalanas y ha generado una situación de incertidumbre sin precedentes, superior a la que se vive ordinariamente cuando se convocan elecciones y el gobierno pasa a estar en funciones. Además, esta circunstancia amenaza podría afectar a la campaña electoral después de escuchar al ministro Dastis amenazando con el mantener el 155 después del 21D si el independentismo no acepta una rendición completa.

La agresión a las instituciones que implica el 155   -tal y como lo han aplicado- es un escándalo y hace falta que se hable más sobre ello. Cualquier autonomista o federalista tendría que maldecir la intervención de la administración catalana por parte de un gobierno español que ha sido incapaz de pronunciar la palabra diálogo durante todo el proceso, ante la perplejidad de la comunidad internacional. 

Acostumbrarse al escándalo no es una opción. Habrá que tenerlo en consideración el próximo 21 de Diciembre.

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20 de noviembre de 2017 - 06:00 h

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