La naturaleza del Estado ha cambiado con el paso del tiempo: desde la creación de un ejército, de unas fronteras, de una moneda propia o de embajadas, hasta la creación del Estado del Bienestar pasando por el monopolio de la violencia con la policía y los jueces.
El Estatuto de 1932 recogía las competencias de lo que en los años treinta era el Estado: el orden público y el poder judicial. De la misma manera que el Estatuto de 1979 lo hacía con las políticas que caracterizaban el Estado del Bienestar como la sanidad o la educación, sin olvidar los medios de comunicación de masas (televisión y radio) vitales para una nación con lengua propia. De hecho, el poder judicial se había convertido en un poder separado del Estado de derecho y la policía se dejó para más adelante con el despliegue de los Mossos d'Esquadra.
Ahora CiU se llena la boca día sí y día también sobre la necesidad de construir estructuras de Estado. Todo hace pensar que no se refiere a crear unas Fuerzas Armadas, ni una imprenta para fabricar moneda, ni siquiera impuestos diferentes en un marco creciente de armonización fiscal dentro de la Unión Europea. Bueno, no vamos a construir el estado del siglo XIX y buena parte de nuestra soberanía la hemos cedido (y la que todavía tendremos que ceder) a la UE. Así pues, ¿de qué hablamos? El programa de CiU especifica una docena de ejemplos, entre los cuales hay uno que dice textualmente: “La gestión de todas las aguas interiores de Cataluña, con independencia de la cuenca hidrográfica de la que formen parte”.
Seguro que el agua constituye un bien público que el Estado debe proteger y garantizar al conjunto de los ciudadanos. Los gobiernos catalanistas y de izquierdas hicieron un esfuerzo inversor para crear una potente estructura de estado con el suministro del agua. Podemos discutir si la financiación de estas inversiones se hubiera tenido que hacer vía impuestos generales o bien exclusivamente, como se hizo, a partir del endeudamiento de la Agencia Catalana del Agua, pero difícilmente podemos cuestionar su necesidad vital para el futuro de nuestro país.
Ahora, mientras CiU habla de construir estructuras de estado privatiza la empresa Aigües Ter-Llobregat, sin que constara en su programa electoral y con un gobierno en funciones. Además, la adjudicación levanta ampollas porque prioriza la oferta económica por encima de otras consideraciones técnicas y de servicios.
Con esta decisión, el presidente Artur Mas lanza dos mensajes nítidos: por un lado, la privatización del hipotético Estado catalán, por otro, que los beneficiarios pueden ser también las empresas españolas, que, de este modo, pueden salir beneficiadas de la independencia de Cataluña tapando la boca a personas como José Entrecanales, presidente del Instituto de la Empresa Familiar. Los negocios no tienen fronteras. Y el hipotético Estado propio tendrá una empresa española como suministradora del agua.
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