Una reciente sentencia histórica del CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que ha sido silenciada por los principales medios de comunicación españoles, ha dado la razón a la República de Uruguay contra la demanda que había interpuesto la tabacalera Philip Morris.
Philip Morris había demandado en 2010 al gobierno de Uruguay, solicitando una indemnización de 25 millones dólares. Considera que las normas, promulgadas en ese país derivadas de las leyes antitabaco, son inadecuadas y expropiatorias, porque imponen el requisito de la norma única de presentación por marca y limitación de los pictogramas asociados a los paquetes de cigarrillo.
Después de seis años de litigio, durante el cual Uruguay recibió el apoyo formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la OPS (oficina de la OMS para América), el CIADI rechazó la demanda de la tabacalera. Así, reconoció el derecho del Estado a proteger la salud de sus ciudadanos y la condenó al pago de 7 millones de dólares por las costas.
Con motivo del fallo, el presidente de Uruguay dirigió un mensaje a su población en la que señala que “existiendo evidencia científica que de manera irrefutable prueba que fumar causa adicción y provoca una serie de enfermedades tales como cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular, entre otras, y que ha matado a más personas que las que murieron en los conflictos bélicos en el siglo XX….ejercimos el poder soberano que ostentamos para la defensa y promoción de la salud pública”. Señala luego que “no es admisible priorizar los aspectos comerciales por encima de la defensa de los derechos fundamentales como son la vida y la salud”. Y acaba diciendo que: “el laudo que se ha dictado amparando las medidas sanitarias adoptadas por nuestra República, muestra al mundo que para Uruguay no hay valor más importante que la vida ni actitud más sagrada que la protección de la salud de sus habitantes”.
Esta es una nueva batalla ganada a la tabacalera más grande en el mundo, en una larga “guerra sucia” promovida por la industria del tabaco, que utiliza todos los recursos posibles para manipular y desinformar, a través de los medios de comunicación públicos, utilizando a políticos, investigadores y a periodistas que, consciente o ingenuamente, colaboran y trabajan en beneficio de los intereses de esa industria. Hay países en desarrollo donde el gasto en campañas publicitarias de la industria del tabaco supera el presupuesto sanitario estatal.
Las medidas contra el tabaquismo en Catalunya muestran algunos avances positivos y otros no tan positivos. La mortalidad por tumores asociados al tabaco ha disminuido en los hombres pero aumenta en las mujeres. Según el Departament de Salut, la proporción de fumadores entre 15 a 64 años (2014), sigue siendo relativamente alta, del 36,2% en los hombres y prácticamente no se ha reducido del 2006 al 2014. En las mujeres es del 24,7%. Es destacable en los hombres un ligero aumento de fumadores entre 2013 y 2014. Entre los 25 a 34 años el 50 % son fumadores, lo que es indudablemente alarmante.
La postura de Uruguay proclamando que no es admisible priorizar los aspectos comerciales por encima de los derechos fundamentales, como son la vida y la salud, es un principio clave no solo aplicable a la lucha contra el tabaco. Hemos asistido recientemente a la publicación de diversas manipulaciones: de la industria del azúcar, para ocultar su potencial efecto en enfermedades cardiovasculares; de las industrias de fabricación de bebidas azucaradas, para ocultar su efecto sobre la obesidad; de la fabricación de coches diésel con controles de emisión de gases contaminantes adulterados, que intentan enmascarar el efecto de la contaminación del tráfico rodado. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, los gobiernos y las autoridades de Salud Pública parecen priorizar criterios mercantiles o no tienen suficiente valor para enfrentarse a las empresas multinacionales, en aras de defender la salud de la población.
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