El Parlament muestra su apoyo a la economía colaborativa sin definirla
El Parlament apoya la economía colaborativa, pero no la define. En el último pleno de la legislatura, la cámara ha aprobado “el compromiso con la economía colaborativa en la medida que se trata de una actividad que permite aumentar la libertad de elección tanto de consumidores como de ofertantes”, una de los conclusiones que ha elaborado la comisión de estudios de las políticas públicas en materia de economía colaborativa.
Sin embargo, el Parlament ha dejado para la siguiente legislatura la tarea de definir con concreción qué actividades entran dentro de la economía colaborativa y cuáles tienen que considerarse como actividades tradicionales de intercambio de bienes con ánimo de lucro ofrecidas a través de plataformas tecnológicas.
Sólo lo ha apuntado en uno de los ámbitos que más problemas crea a los legisladores, el de las nuevas aplicaciones de transporte compartido como Uber. Sin mencionar explícitamente a la aplicación, el Parlament ha recordado que todo servicio de transporte de viajeros a cambio de un precio “con vocación de profesionalidad” requiere de la licencia de taxi o de alquiler de vehículos con conductor. La cámara también ha recomendado al Govern que modifique la normativa de competencia de la Generalitat para facilitar el uso del coche compartido y diferenciarlo de otras actividades de transporte.
La llegada de Uber el año pasado a Barcelona, como en todo el mundo, provocó airadas protestas de los taxistas de la ciudad, que consideran a la empresa competencia desleal. Tras las movilizaciones en la calle, Uber se encuentra suspendida en España desde principios de año por orden judicial. La decisión definitiva sobre si Uber forma parte de la economía colaborativa la tomarán los tribunales europeos tras la decisión de un juez de Barcelona de solicitar a la Corte Europea de Justicia que decida si Uber es un mero servicio de transporte o un servicio digital. En una de las comparecencias de la comisión, la Generalitat defendió que Uber no forma parte de la economía colaborativa.
Las conclusiones de la comisión, que han recibido el apoyo de todos los grupos a excepción de ICV-EUiA, que se ha abstenido, incluyen recomendar al Govern que legisle unos “principios generales” que permitan definir las actividades que se incluyen en el marco de la economía colaborativa. Asimismo, recomienda al ejecutivo que elabore unos “principios rectores” basados en “la garantía de equidad en la oferta de bienes y prestaciones de actividad”.
Asimismo, estos principios rectores deberían incluir, para cada sector económico, aspectos como la licencia para ejercer una actividad, la fiscalidad y el rendimiento de impuestos, la protección de consumidores y usuarios, la legislación laboral, la zonificación y la seguridad vinculada a los seguros que establezcan responsabilidades de las plataformas digitales y los usuarios.
El Parlament también ha aprobado incluir la figura del ciudadano-productor en materia de licencias de actividad. Por otro lado, la nueva legislación, a juicio del Parlament, debería delimitar las condiciones fiscales de la nueva actividad, mientras que en materia sociolaboral debería establecer los límites entre el régimen de colaboración de una actividad y la relación de carácter laboral. La cámara también ha recomendado crear un consejo asesor de la economía colaborativa y un observatorio de la economía colaborativa que analice la regulación de este fenómeno.
Precisamente la falta de concreción para decidir qué es la economía colaborativa ha llevado a ICV-EUiA a abstenerse: “Echamos en falta una definición más precisa de lo que es la economía colaborativa”, ha dicho el diputado ecosocialista Josep Vendrell.
