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Sànchez, Rull y Turull exigen al Constitucional que se reúna por videoconferencia para decidir si les deja en libertad

Turull, Rull y Sànchez durante el juicio

Oriol Solé Altimira

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Los políticos de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, presos por sedición, han exigido al Tribunal Constitucional que se reúna de forma telemática para estudiar la admisión a trámite de sus recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo y de su petición para quedar en libertad mientras los magistrados deliberan.

En sendos escritos, los tres presos muestran su “estupor” por la decisión del tribunal de garantías de suspender el pleno del 21 de abril al no poder ser presencial, tal y como ha publicado este jueves El País. En este pleno debían estudiarse las medidas cautelares solicitadas por los presos del procés, la más relevante sin duda la petición para quedar en libertad mientras el Constitucional estudia si, como alegan los independentistas, la investigación y el juicio del procés del Supremó vulneró sus derechos fundamentales.

“Llama poderosamente la atención”, expone el escrito del letrado Jordi Pina en los escritos, que tanto políticos como empresarios, maestros “y prácticamente todos los ámbitos de nuestro entorno social y económico estén manteniendo todas aquellas actividades y reuniones por medio del sistema de videoconferencia, pero por el contrario no sea posible celebrar un Pleno del Tribunal Constitucional del Estado español por medios telemáticos con todas las facilidades que la tecnología pone a nuestro alcance”.

El pasado 16 de marzo, el pleno del Constitucional decidió que la declaración de estado de alarma “no interrumpía el funcionamiento del tribunal”, si bien precisó que los plazos de los asuntos en curso quedaban suspendidos. En un acuerdo, el tribunal de garantías indicó que continuaría “dictando las resoluciones y medidas cautelares que fueran necesarias, en los procesos constitucionales que lo requiriesen, en garantía del sistema constitucional y de los derechos fundamentales y libertades públicas”.

La defensa entiende que este acuerdo implica que “la excepcional situación” provocada por el estado de alarma “no puede implicar merma alguna en la tutela de los derechos fundamentales” de los presos, por lo que insta al Constitucional a celebrar un pleno por vía telemática para decidir sobre la libertad.

En caso contrario, la defensa reclama conocer “los motivos por los cuales no es posible la celebración del pleno del Tribunal Constitucional por medios telemáticos en pleno siglo XXI y en un país democrático como el nuestro” y que se indique “si se trata de una decisión unilateral adoptada por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional o, por el contrario, en caso de tratarse de una decisión colegiada” de los doce magistrados.

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