CiU y PSC evitan que la comisión del fraude llame a declarar a altos cargos de la Generalitat
CiU y PSC han vuelto a coincidir hoy en sus votos en la comisión que investiga el fraude en el Parlament de Catalunya. Con su mayoría han vetado la propuesta de ERC, PP, ICV-EUiA y Ciutadans para que comparecieran altos cargos de la Generalitat, actuales y de los gobiernos de Pujol, como los consellers Felip Puig y Germà Gordó, el exconseller Macià Alavedra y el exsecretario general de presidencia, Lluís Prenafet. Tampoco han aceptado que los imputados por el caso Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, fueran llamados por el Parlament.
El diputado de la CUP, David Fernández, ha asegurado que dimitirá como presidente de la comisión si no se reconsideran las votaciones antes del 1 de diciembre. “Son inaceptables y un insulto al país los vetos, silencios y omertas en la comisión Pujol”, ha asegurado Fernàndez, quien ha exigido “luces y taquígrafos”. “Desde la dignidad, desde la coherencia y desde que estamos abiertamente opuestos a la ley de silencio, o se reconsideran las votaciones o dimitimos de la presidencia de la comisión”, ha zanajado Fernàndez.
Entre quienes sí estarán llamado a comparecer se encuentran Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus hijos Jordi, Oleguer, Oriol, Josep y Pere, además de varios altos cargos del Gobierno central, como los ministros Cristobal Montoro y Jorge Fernández Díaz, la secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, el director general de Policía, Ignacio Cosidó, y el director del CNI, Félix Sanz Roldán.
También serán requeridos por el Parlament la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, y el director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco. Sin embargo, entre los nombres que no se han aceptado figuran presidentes y expresidentes de la Generalitat y el Gobierno central como Artur Mas, José Montilla, José María Aznar o Felipe González.
Todas las personas requeridas por la comisión de investigación tienen el deber de comparecer ante ella, según el regalemento de la Cámara. De no hacerlo, quien se niegue puede enfrentarse a medidas disciplinarias en el caso de tratarse de miembros del Parlament, y la mesa del Parlament tiene obligación de dar cuenta al ministerio fiscal para que depure las responsabilidades penales que podría llegar a haber.
