Condenan al exalcalde de La Bisbal del Penedès (ERC) a cuatro años de inhabilitación por prevaricación

El juzgado penal número 3 de la Audiencia de Tarragona ha condenado al exalcalde de la Bisbal del Penedès Josep Maria Puigibet a cuatro años, cuatro meses y quince días de inhabilitación para cargo o empleo público para un delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera probado que el exalcalde de ERC ocultó a la oposición las actas de las Juntas de Gobierno de entre los años 2007 y 2012 “de manera consciente y voluntaria”, tal como denunciaron los concejales que entonces formaban el grupo municipal de CiU. Puigibet defendió durante el juicio diciendo que no había entregado la documentación para que el consistorio vivía un “caos” administrativo el año 2011, explicaciones que el juez considera “excusas que no tienen razón de ser”.

La sentencia, a la que ha tenido acceso la ACN, señala que Josep Maria Puigibet ocultó las actas de las Juntas de Gobierno Local a la oposición durante los años que ostentó la alcaldía, de 2007 a 2012. En este sentido , el juez recuerda que la oposición presentó varios escritos reclamando la documentación, y remarca que en agosto de 2011 el mismo Puigibet firmó un decreto de alcaldía donde acordaba suspender la entrega de las actas. Según el juez, el ex alcalde dictó esta orden “a pesar implicaba una contradicción patente y grosera con el ordenamiento jurídico”.

Al mismo tiempo, recuerda que, en paralelo a este decreto, la Secretaría del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès emitió un informe donde recordaba al entonces alcalde que existe la obligación de remitir las actas de las Juntas de Gobierno a todos los miembros de la Corporación, sean o no al ejecutivo local. Por este motivo, el juez determina que Puigibet actuó “de manera consciente y voluntaria”.

La sentencia recuerda que, durante el juicio de hace un año, el exalcalde de la Bisbal reconoció haber dictado el decreto de 2011 para que el consistorio sufría una “tremenda carga administrativa” por falta de personal, en una situación que él definir como “caos” durante su declaración. Unas explicaciones que el juez refleja en la sentencia, considerando que son “excusas que no tienen razón de ser ni justifican la conducta del acusado”.

Según el magistrado, las explicaciones sobre la carga administrativa “no resultas creíbles” por tres motivos. Por un lado, porque la retención de las actas solicitadas no es tan solo del verano de 2011, sino que se acumulaba desde 2007 y se prolongó hasta 2012, cuando CiU querellarse contra Puigibet.

En segundo lugar, el juez destaca que dos años antes del decreto de 2011, el ex alcalde ya fue amonestado por el Síndic de Greuges sobre la retención de las actas. Finalmente, el magistrado también señala que hubo varios testigos que negaron que el consistorio tuviera tanta carga administrativa, y el juez concluye que hacer llegar las copias de las actas a los concejales supone un “trabajo escasísimo”.

La condena de más de cuatro años de inhabilitación por prevaricación ajusta a la petición hecha por la Fiscalía durante el juicio, y queda lejos de los diez años que pedía la acusación particular, ejercida por los concejales del grupo de CiU del mandato 2007- 2.011. Al mismo tiempo, la sentencia, que no es firme y se puede recurrir, absuelve Puigibet de un delito contra los derechos individuales.