La demanda de Puigdemont ante la ONU añade un nuevo frente internacional al 'procés'
La demanda que Carles Puigdemont presentó este viernes contra España ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es “sólo el principio” en la estrategia internacional del expresident de la Generalitat. Así lo dijo su abogado, Ben Emmerson, que envolvió de misterio el “siguiente paso importante” que, indicó, “llegará durante este marzo”.
Tanto Puigdemont como Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han encontrado en Emmerson, un letrado con experiencia en casos internacionales, el representante para hacer llegar la situación catalana a organismos internacionales. Emmerson y el equipo jurídico de Puigdemont y los exconsellers preparan acciones en instancias internacionales “cada mes” como una medida de presión para que el Gobierno se avenga a una negociación bilateral para resolver la crisis catalana.
El resultado de acudir a organismos internacionales no es ni mucho menos instantáneo. Los resultados de las demandas, en la mayoría de casos, se conocerán como mínimo dentro de un año. La premisa política de estas actuaciones jurídicas en relación a derechos fundamentales y no sobre la independencia la definió el propio Puigdemont: “La dignidad no se negocia, sencillamente se respeta”.
Comité de DDHH de la ONU
La demanda presentada por Puigdemont a título individual este viernes ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se basa en las “vulneraciones” de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) que, a criterio de su abogado, ha cometido el Estado.
Según Emmerson, este organismo internacional emitirá un dictamen que será vinculante para el Estado, aunque otras fuentes jurídicas apuntan que, en la práctica, el Gobierno tendrá un margen de maniobra amplio para decidir cómo hace frente a la resolución del comité.
Grupo de detención arbitraria de la ONU
Emmerson también representa a Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Jordi Cuixart en la demanda que presentaron los dirigentes independentistas en febrero por su encarcelamiento ante el grupo de trabajo sobre detención arbitraria del consejo de derechos humanos de la ONU, un grupo de expertos que investiga arrestos que puedan atentar contra los principios establecidos en los tratados internacionales, a los que España está vinculada.
El pronunciamiento del grupo de detención arbitraria, en cualquier caso, no es vinculante, pero desde la defensa de los dirigentes independentistas creen que puede servir para ejercer una “presión política” al Gobierno y al Tribunal Supremo para que deje en libertad provisional a Junqueras, Sànchez y Cuixart.
El TEDH
A buen seguro la causa judicial que se instruye a día de hoy por rebelión en el Tribunal Supremo terminará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, algunas defensas ya han empezado a trasladar cuestiones de las causas sobre el proceso soberanista a este tribunal a sabiendas de que el TEDH no actúa de forma cautelar salvo en casos extremos, cuando hay vidas humanas en juego. Alegan que es una estrategia para que el tribunal vaya conociendo asuntos claves que terminará recibiendo en el futuro.
El TEDH ya recibió varias demandas contra España relativas a acontecimientos del otoño soberanista catalán. Es el caso del exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, que denunció al Estado español ante Estrasburgo porque su arresto en la operación contra el referéndum del 20 de septiembre “no se hizo de acuerdo con la ley”. Además, la corte rechazó la demanda del presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia, para evitar que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución.
Y antes de que el Supremo dicte sentencia sobre el caso del 'procés', los cuatro presos preventivos de la causa también pueden trasladar su encarcelamiento al TEDH en caso de que el Constitucional no acepte sus recursos de amparo, tal y como varios de los investigados, en especial Oriol Junqueras, han deslizado en sus escritos.
Pendientes de Bélgica y Suiza
Además, la esfera internacional volverá al primer plano cuando el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena envié de nuevo a Bélgica la euro–orden de arresto y entrega contra Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas, algo que en círculos judiciales se espera que se produzca junto al auto de procesamiento de los investigados en España.
La Justicia belga ya conoció el caso de Puigdemont tras la primera euro–orden emitida por la Audiencia Nacional en noviembre del año pasado y que fue retirada por Llarena en diciembre. De hecho, el Supremo paró la petición de extradición dos días después de entregar la defensa de Puigdemont a los jueces belgas sus alegaciones contra la misma.
En el caso de Suiza, el juez Llarena optó por no iniciar el proceso de extradición pese a que la exdipuada de la CUP. En una inusual explicación a los medios de comunicación –los jueces suelen pronunciarse sobre las causas que instruyen mediante autos y providencias, no ante los micrófonos– Llarena explicó que las órdenes de detención internacional “no deben cursarse por sospechas”. Suiza, recordó su Gobierno, rechaza las extradiciones por “motivos políticos”.
