Los 10 días en los que el 9-N se convirtió en otra cosa
“Hey Toreador, she signals, we head for the edge, and the first man who jumps is a chicken”.
Los preparativos de la consulta del 9-N iban mal aquel viernes en que los líderes de los partidos del bloque soberanista comparecieron en el salón Gótico del Palau de la Generalitat tras la reunión que dió por salvado el 9-N. Después del fin de semana, las cosas fueron a peor.
Es difícil determinar si el motivo fue una delación premeditada o la dificultad de la empresa, pero el hecho que se constató a medida que avanzaba la semana es que ninguno de los plazos marcados por el decreto de convocatoria del 27 de septiembre se estaban cumpliendo. Los ayuntamientos no habían comunicado los lugares elegidos como lugar de votación ni habían designado a los coordinadores locales a tiempo, por lo que ninguna de las dos listas fueron publicadas. Tampoco la Generalitat había cumplido con los plazos para el registro de catalanes en el extranjero ni de los extranjeros residentes en Catalunya, ni había publicado el registro de participantes –el censo– en la fecha estipulada. La suspensión del decreto de convocatoria y el riesgo de poner a los funcionarios entre la espada de la consulta y la pared de los tribunales españoles estaba dando al traste con el 9-N.
El tiempo apremiaba. Al comienzo de la semana pasada era un secreto a voces que la línea entre no ir a votarse la consulta –futuro– y no estar votándose la consulta –presente– estaba a punto de traspasarse. Los procesos de votación se celebran sobre un día sobre el papel, pero necesitan semanas para estar a punto, más si se cuenta con un placaje como el que el Estado le ha hecho a la consulta catalana. El conseller Homs, encargado como todo portavoz de todo gobierno en apuros de trasladar las malas noticias, puso fecha a esa frontera temporal. Según el conseller, antes del 15 de octubre debían completarse los preparativos pendientes para que la consulta del 9-N pudiera realizarse.
Pero el jueves siguiente, a 6 días de la fecha marcada por Homs para concluir los preparativos atrasados, las cosas empezaron a ser muy graves. Los partidos volvieron a reunirse en el Palau Robert donde poco más pudieron hacer que constatar el principio del fin. Para entonces Mas ya tanteaba la posibilidad de desprenderse del marco legal del que se había dotado el día 27 de septiembre cuando firmó con pompa el decreto de convocatoria bajo el paraguas de la ley de consultas. Ambos intrumentos, que habían servido para encauzar la consulta ya pactada por el marco de la legalidad constitucional española, eran para entonces un lastre que quitaba agilidad al Govern.
A lo largo del fin de semana la consulta tal y como estaba prevista se fue dando por perdida. El president se lo comunicó a los líderes soberanistas en la reunión del lunes en el Palau de Pedralbes pero, consciente de que las fuerzas políticas se levantarían de la mesa en ese mismo momento si descartaba el 9-N, presento una propuesta integral para llevar a cabo la una consulta rebajada pero posibilista.
Uno de los mayores problemas con los que el Govern se había encontrado en las últimas semanas era el del censo. El registro de electores se estaba efectuando con base principal en los datos de población del Instituto de Estadística de Catalunya. Pero esa decisión tenía agujeros. La plataforma unionista Sociedad Civil Catalana estaba repartiendo formularios para que los ciudadanos se opusieran a la incorporación de sus nombre en el registro de electores de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. La Generalitat corría el riesgo de tener que tramitar todos los formularios que recibiera, con el retraso que eso suponía, o enfrentarse a querellas.
Mas presentó el plan B. Se trataba de un “proceso de participación”, regulado en el título III de la ley de consultas que se había salvado de la impugnación indiscriminada del Gobierno al articulado de la norma. La nueva propuesta era, en resumen, un 'Arenys de Munt' en toda Catalunya y respaldado por la Generalitat. No necesitaba censo, no comprometía a los funcionarios ni requería de nuevo armazón legal. Carecía de homologación internacional y se lo jugaba todo a la participación, sí, pero preveían que ésta sería digna a poco que la Assemblea hiciera campaña. Por no tener, lo que proponía Mas ni siquiera tenía demasiadas garantías democráticas. Pero era todo lo lejos que podía llegar el Govern, y había colegios, urnas y papeletas.
En la tercera reunión de los proconsulta y después de una semana de tribulaciones en los pasos hacia el 9-N, la desconfianza entre los grupos era total. Mas ya había propuesto recientemente a Junqueras unas elecciones plebiscitarias con una lista conjunta, algo que, pese a que el republicano había rechazado de plano, daba ideas sobre las intenciones del president. ICV había dejado ver durante los días anteriores que aceptaría renunciar a la consulta si el Govern asumía la responsabilidad de no poder hacerse tal y cómo estaba acordada. La CUP no se creía las intenciones Mas de realizar la nueva propuesta que traía bajo el brazo, propuesta que, por otra parte, le parceía mejor que nada.
El desencuentro se produjo. Cada partido apostó por una salida. La CUP intentó atar la nueva oferta de Mas con 11 puntos concretos que el president pareció recoger de buen grado. Pero antes de que el líder de CiU pudiese analizar en detalle el documento de la CUP, los otros dos partidos en la mesa dieron por rota la unidad dejándo a Mas como único valedor de la consulta descafeinada.
