Un empresario admite ante el juez financiación irregular de Unió
El administrador de una empresa proveedora de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha admitido este lunes que, por indicación del exgerente del partido, facturó servicios prestados a la formación democristiana a su fundación afín Catalunya i Territori y al grupo de empresas IMS, controlado por los exresponsables de esta entidad.
El administrador de Kontrast Produccions, Jordi Cuevas, ha declarado este lunes como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Barcelona contra tres exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori, que afrontan penas de hasta quince años de cárcel acusados de estafar a bancos a través de un conglomerado de empresas con el que presuntamente desviaron a Unió más de 200.000 euros.
La declaración de Cuevas como testigo ha avalado la tesis de la Fiscalía, que sostiene que los responsables de IMS desviaron fondos a Unió al pagar media docena de facturas que la formación debía a la empresa Kontrast por la organización de eventos.
El testigo ha relatado que llevaba años trabajando para Unió en campañas electorales y otros eventos del partido, por lo que cobraba una cantidad mensual e incluso disponía de despacho propio en la sede de la formación democristiana. A partir de la campaña electoral de 2004, según el testigo, Unió empezó a adeudarle los servicios prestados hasta que las facturas pendientes a pagar ascendieron a cerca de 600.000 euros.
El empresario ha explicado que, ante tamaña deuda impagada, llegó a hablar con el exsecretario de Organización de UDC, Josep Sánchez Llibre, que fue el que le indicó que se dirigiera al gerente del partido Josep Maria Núñez, investigado en esta causa hasta que falleció en 2014, para que le indicara como cobrar las facturas pendientes.
Precisamente, a raíz de la declaración de Cuevas durante la instrucción del caso, Josep Sánchez Llibre llegó a ser investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo –por su condición de aforado al ser diputado en el Congreso–, pero el ministerio público acabó dictando el archivo de las diligencias.
Según ha señalado este lunes ante el tribunal el administrador de Kontrast Producciones, fue el exgerente del partido fallecido quien en 2005 le desvió al conglomerado empresarial IMS y a la propia Fundació Catalunya i Territori para que cobrara las facturas pendientes: el primero le pagó 116.588 euros y, la segunda, otros 61.448, ha afirmado Cuevas.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sitúa a Unió como responsable civil del presunto desvío de fondos y le reclama que devuelva a su fundación afín los casi 61.500 euros de la suma desviada que la formación democristiana –actualmente en concurso de acreedores– todavía no ha abonado.
El desvío de fondos, según la Fiscalía, se perpetró también mediante la condonación de las cuotas de alquiler por unos locales que Unió tenía arrendados a su fundación afín en Tarragona, Lleida y Tàrrega (Lleida) y por la posterior venta de esos inmuebles a la formación democristiana a un precio inferior al del mercado.
Cuando la instrucción del caso estaba próxima a su fin, UDC pagó a la Fundación 160.000 euros pendientes por la compra-venta de los locales y otros 35.700 por los alquileres dejados de abonar desde 2005, aunque la Fiscalía sigue reclamando a la formación otros 61.500 euros que en su opinión faltarían para enjugar la deuda.
