La Fiscalía aprecia “voluntad rebelde” en nueve votantes del 1-O y pide imputarlos por “resistirse activamente” a la Policía
La estrategia de los agentes investigados por el 1-O de reclamar la imputación de los votantes que los denunciaron ha logrado la adhesión parcial de la Fiscalía. El Ministerio Público ha reclamado la imputación de al menos nueve votantes por “obstaculizar y/o resistirse activamente a la intervención policial”. Los dos fiscales del caso ven en los nueve votantes “una voluntad rebelde de menoscabar el normal ejercicio” de la función que tenían encomendada los agentes para impedir la votación.
La Fiscalía solicita a la Audiencia de Barcelona la imputación de nueve de los 19 votantes que el Sindicato Profesional de la Policía reclama investigar. Todos ellos denunciaron o se querellaron contra la Policía por lesiones. El juez instructor rechazó la imputación de los votantes al considerar su actitud “meramente pasiva” y situarlos como “víctimas directas de la situación de confrontación generada por los poderes públicos”.
Por el momento, el sindicato policial ha reclamado la imputación de 36 votantes de cuatro colegios que denunciaron o se querellaron contra la Policía. La Abogacía del Estado, que junto al sindicato ejerce la defensa de los agentes, se ha sumado a los recursos, tal y como avanzó eldiario.es. La Fiscalía, al igual que la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la acusación que ejercen los lesionados, rechazó las solicitudes de las defensas para imputar a los votantes del colegio Prosperitat.
Por contra, en el caso del instituto Pau Claris, el Ministerio Público argumenta que “la conducta” de nueve de los 19 votantes que denunciaron la intervención policial sí podría ser constitutiva del delito de resistencia o desobediencia grave a los agentes de la autoridad, castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.
La Fiscalía, en un escrito del que ha informado en primer lugar El Mundo y al que ha tenido acceso este diario, discrepa del sindicato sobre la imputación de todos los denunciantes y no llega a emplear términos tan duros como la Abogacía del Estado, que tildó de “masa tumultuaria” a los votantes. Sin embargo, a partir de las imágenes obrantes en la causa los fiscales sí aprecian que nueve de ellos “obstaculizaron y/o se resistieron activamente a la intervención policial” en el instituto Pau Claris.
Los votantes se concentraron en el patio y en la escalera de este centro y la policía tuvo que sacarlos para incautarse de urnas y papeletas, produciéndose una de las imágenes virales del 1-O: la patada voladora de una antidisturbios. Por ello hay cinco agentes investigados. Respecto a los concentrados de los que solicita su imputación, la Fiscalía destaca de una de ellas que “se negó a ser desalojada cuando se hallaba sentada en el patio del colegio y trató de impedir con su actuación la intervención policial”.
De otro votante señala que “se negó a abandonar la escalera”, impidiendo así la intervención policial, “e incluso lanzó algún leve manotazo a un agente”. “Impide el paso de los agentes en la planta superior agarrada a otros ciudadanos”, sostienen los fiscales de la tercera votante. Para pedir la imputación de los otros seis concentrados la Fiscalía indica que “se negaron a abandonar la escalera y trataron de impedir con su actuación la intervención policial”. Uno de ellos además, “gestualmente increpó a un funcionario policial”.
El juez Francisco Miralles rechazó la primera solicitud de la Abogacía y el sindicato policial para imputar a los votantes y los situó como “víctimas directas de la situación de confrontación generada por los propios poderes públicos”, que “trasladaron a la calle” el 1-O los conflictos “que debían resolverse en las instituciones estatales y autonómicas”.
Los fiscales discrepan del juez y argumentan que las nueve personas que reclama investigar “eran plenamente conscientes” de que la Policía estaba en el instituto Pau Claris para impedir el 1-O “e hicieron todo lo posible para no colaborar con los agentes, obstaculizando gravemente el cumplimiento” del auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ordenaba a los agentes incautarse de urnas y papeletas y cerrar los puntos de votación.
“La intervención policial en el instituto Pau Claris era suficientemente elocuente de lo que los ciudadanos congregados debían hacer a la llegada de los agentes: desalojar el acceso y permitir el paso a la Fuerza policial para cumplir el Auto Judicial”, aseveran los fiscales Diego Villafañe e Inmaculada de Mur. “Resulta difícil imaginar que las personas cuya imputación se solicita desconociesen las funciones que la Policía Nacional tenía encomendadas y, por consiguiente, la orden policial a ellos dirigida de permitir el cumplimiento del mandato judicial”, agregan.
En este sentido, los fiscales concluyen que los nueve votantes mostraron “una oposición obstinada, persistente y reiterada al cumplimiento de la orden emanada de la autoridad, expresiva de una voluntad rebelde de desatender sus decisiones y menoscabar el normal ejercicio de la función pública”. A criterio de los Fiscalía, todos ellos emplearon “la resistencia activa para evitar ser desalojados” de la sentada que un centenar de personas realizaron en el patio del colegio.
Todo ello, junto al “clima generalizado de hostilidad hacia los agentes”, provocó que los antidisturbios tuvieran que emplear “la fuerza mínima indispensable para abrirse paso” y cumplir con la orden judicial para impedir el 1-O “ante la reiterada, contumaz y manifiesta oposición” de los nueve votantes que se solicita imputar.
