La Guardia Civil acude a la Generalitat para reclamar contratos relacionados con el 1-O
La Guardia Civil ha acudido al Palau de la Generalitat y a otras dos conselleries este martes para reclamar contratos que la jueza vincula con la organización del referéndum del 1-O y la presunta malversación de fondos públicos. Los agentes requieren la documentación para llevarla al juzgado.
El pasado viernes la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, comisionó a la Guardia Civil para solicitar a la Generalitat varios contratos supuestamente relacionados con la votación. Se trata de expedientes administrativos que afectan a tres conselleries –Exteriores, Trabajo y Presidencia– así como a la Intervención General de la Generalitat y al Gabinete Jurídico Central.
En concreto, respecto a Presidencia, se han reclamado tres expedientes administrativos relativos a las contrataciones de estudios de diseño y agencias de publicidad para anunciar en los medios el registro de catalanes en el exterior; el relacionado con la adjudicación del anuncio del 1-O en TV3 y Catalunya Ràdio; y la ampliación del contrato marco con Unipost firmado en 2017 por el director general patrimonio, Francesc Sutrias, uno de los 30 procesados en la causa.
En la misma conselleria los agentes solicitan los expedientes administrativos relacionados con la adjudicación de unas obras de una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, que los investigadores sospechan que debía albergar el centro de datos del 1-O pero que las defensas desvinculan de la votación porque se iniciaron antes de planear el referéndum y se terminaron de pagar con el 155 en vigor. El último contrato reclamado en Presidencia es sobre la publicidad del Govern en varios diarios europeos de una conferencia sobre el referéndum en Bruselas.
Asimismo, la jueza Alejandra Gil solicitó a la conselleria de Exteriores los expedientes informáticos con los que la Generalitat adjudicó la mejora de la aplicación informática del registro de catalanes en el exterior, que los investigadores vinculan al 1-O pero que las defensas alegan que sirve para realizar trámites como la tarjeta sanitaria, las colonias y casales de los niños o el carné joven.
De la conselleria que dirigía Raül Romeva también se han reclamado los contratos que la delegación de la Generalitat en Ginebra suscribió con la fundación The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), que la jueza considera que enmascararon remuneraciones a observadores del 1-O. Por ello la instructora ha imputado al delegado de la Generalitat en Ginebra, Manuel Manonelles, que declarará el próximo 19 de julio.
