La respuesta del Estado para impedir el voto marca la diferencia entre el 1-O y el 9-N
Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil tienen una orden muy concreta para el 1-O: impedir que se vote, ya sea requisando urnas este fin de semana o bien cerrando colegios electorales el mismo domingo. Un mandato judicial contrario al que se dio en el proceso participativo del 9-N del 2014, cuando fiscal y juez rechazaron por razones de proporcionalidad retirar urnas.
Las instrucciones recibidas por la policía ante este domingo, dadas tanto la Fiscalía como por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, serán acatadas por los Mossos, aunque evitando el uso de la fuerza contra la ciudadanía. Las órdenes judiciales han suscitado duras críticas de la Generalitat, que ha interpuesto una querella contra el fiscal general del Estado y un recurso ante el TSJC.
