El juez del Supremo advirtió de que la situación de los exconsellers es diferente a la de Forcadell y los miembros de la Mesa
El magistrado Llarena, que hoy escuchará por primera vez a Junqueras y al resto de exconsellers, ya fijó su criterio en la otra pata del sumario el pasado 9 de noviembre, cuando dictó una orden de libertad bajo fianza para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los demás miembros de la Mesa acusados de esos graves delitos. Entonces, el instructor escribió en el auto: “Todos los querellados no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”.
Fue después de tomarles declaración en la instrucción de la causa que sigue contra los miembros del Parlament imputados por rebelión y sedición.
En aquel momento el magistrado Llarena ya se encargó de explicitar que la situación de los diputados no es equiparable a la de los miembros del Govern, sobre todo si se atiende a dos riesgos que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal justifican la prisión provisional: el de huir de la acción de la Justicia y el de la posible destrucción de pruebas.
En el caso de la destrucción de pruebas, el magistrado Llarena argumentó que todos los pasos que dio la Cámara catalana quedaron escritos en los diarios de sesiones, así que difícilmente podrán eliminarse. Las gestiones que hicieron los exconsellers al frente del Ejecutivo para favorecer el procés no solo no figuran en documentos públicos sino que parte de los trámites han sido ocultados a la Justicia, tal y como ha ido evidenciando la investigación durante las últimas semanas.
