Mireia Boya (CUP) al juez Llarena: “Oponerse a la Constitución de forma no violenta es constitucional”
Anunció que haría una declaración política por considerar político el juicio al que se enfrentaba. Y así lo hizo. Mireia Boya defendió ante el Tribunal Supremo el pasado día 14 de febrero su derecho de “oponerse a la Constitución de forma pacífica”. La exdiputada de la CUP explicó los pasos dados tanto por su grupo como por el conjunto del independentismo con el objetivo de celebrar un referéndum y conseguir la independencia.
En la grabación de la declaración, que eldiario.es ofrece de forma íntegra, Mireia Boya aparece asegurando ante el juez que en su programa electoral habían prometido “avanzar hacia la república catalana”. “Mi lectura particular es que eso lo permite la Constitución, si no la Junta Electoral nos hubiera invalidado el programa”, explicó Boya, añadiendo que había sido el Gobierno de España “el que provocó que se creara un muro y que el conflicto no tuviera ningún tipo de resolución”.
La diputada no contestó a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación popular ejercida por Vox, pero sí a las de su abogado y a las del propio magistrado. Ante él explicó que la CUP había apostado por el referéndum sobre la independencia como “herramienta para desencallar el conflicto entre el Gobierno del Estado español y Catalunya”. “Se ha intentado por activa y por pasiva que [el referéndum] fuera pactado con el Estado español, pero nos hemos encontrado con una falta de diálogo total y absoluto”, aseguró Boya.
En un momento de la declaración Boya y el magistrado Llarena incluso llegaron a tener un diálogo, de cuyo contenido ya dio cuenta este diario, cuando la primera le recordó unas declaraciones hechas sobre Catalunya. “La cuestión de la identidad catalana y de la integridad del Estado español no tiene respuesta judicial sino política. Y esa frase es suya, señoría”, le dijo la exdiputada, a lo que Llarena contestó: “Fundamentalmente. Se olvida usted de un matiz importante”.
La diputada reconoció además que el objetivo último de su grupo con la declaración de independencia era llevar a cabo un cambio real de la territorialidad del Estado español, mediante una independencia efectiva. “El 27 de octubre con esa declaración de independencia, que para mi fue una declaración política, yo en ese momento cuando voté creía que sí, que serviría para algo. Luego la realidad ha desmentido lo que yo creía en ese momento”, indicó la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP.
En la misma línea, Boya aseguró además que con la declaración de independencia se pretendía también forzar un diálogo con el Gobierno español, que hasta ese momento había sido, a su entender, imposible. “El hecho de no haber diálogo nos hizo avanzar en este sentido dentro del Parlament”, aseguró, “y con el resultado de esa declaración también teníamos el objetivo de a ver si de una vez por todas podíamos dialogar con el Estado español, porque no hay manera”.
Boya negó como pruebas dos de los documentos incautados en el domicilio del secretario general de Economía, Josep María Jové, como son el documento Enfocats y la agenda Moleskine con anotaciones. “Si ese documento hubiera estado en nuestras manos hubiera pasado por la militancia, que hubiera votado si aceptábamos estar en ese comité estratégico”, aseguró sobre el primero. Sobre la Moleskine aseguró que no la conocía.
No negó, en cambio, haber registrado como presidenta del grupo la proposición de ley de referéndum y transitoriedad que se acabarían votando los días 6 y 7 de septiembre. “Cualquier Parlamento que tiene como objetivo construir una república tras hacer un referéndum tiene que hacer una previsión de qué pasará si gana el sí, independientemente del referéndum que se haga. A mi me parece que es incluso una temeridad no prever los dos escenarios”, aseguró sobre la llamada ley de ruptura.
“¿Su idea por tanto era aplicar la ley de transitoriedad?”, le pregunta Llarena en un momento. “Sí, claro”, contesta Boya. “Hicimos un referéndum, se ganó”.
Cuestionada sobre si fomentaron las movilizaciones sociales y sobre si imaginaron que se producirían, un hecho en el que el juez basa la imputación violenta al movimiento independentista, Boya aseguró que fue la población la que decidió manifestarse pero que lo hizo siempre de forma pacífica. “Las movilizaciones no las provocamos nosotros, fue la gente la que decidió salir libremente y, sobre todo de una manera pacífica, no violenta, a protestar por una situación que no compartía”, aseguró ante el juez.
“Nosotros somos un partido que trabajamos con diferentes movimientos sociales y, cuando hay un bloqueo institucional, legal, siempre decimos que es útil que la gente se movilice, que proteste, porque tiene derecho a protestar y a evidencia que no está de acuerdo”, apostilló.
“Hubo una sesión previa en el Parlamento, el 10 de octubre, en la que el president Puigdemont hizo un discurso de aceptar los resultados del 1 de octubre y automáticamente lo suspendió con el objetivo de dialogar con el Estado español”, rememoró Boya, que aseguró que “en esos 17 días entre el 10 y 27, nadie, ninguna institución del Estado, quiso dialogar con los catalanes”.
“¿La proclamación del día 27, que finalidad tenía para ustedes, para su grupo?”, inquiere Llarena como pregunta final del interrogatorio. “Recoger el mandato democrático de las urnas del 1 de octubre y cumplir con el mandato electoral del 27 de septiembre”, asegura la exdiputada, afirmando con claridad que, para ella, no se trataba de una declaración simbólica. A preguntas de su abogado, Boya acaba indicando que asume “toda la actividad legislativa, pero no la ejecutiva puesto que la CUP no formaba parte de ese Gobierno”.
