El Parlament denunciará a Llarena y otros tres jueces del Supremo por los impedimentos a las investiduras
El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, ha anunciado que este viernes presentará la denuncia contra el magistrado Pablo Llarena y otros tres jueces del Tribunal Supremo, por considerar que han vulnerado los derechos políticos de diversos diputados. En concreto, las denuncias se fundamentarán en los impedimentos puestos por el tribunal para investir a hasta dos diputados.
La interposición de medidas judiciales contra el instructor de la causa por rebelión contra diversos líderes independentistas fue acordada en abril pasado por la Mesa del Parlament. En aquel momento se anunció una querella, aunque finalmente ha sido rebajada a una denuncia, lo que implica que el Parlament solo pondrá los hechos en conocimiento, sin personarse como acusación en la causa.
Según han explicado fuentes parlamentarias, la Cámara considera que Llarena y los magistrados de la sala de apelaciones han podido incurrir en los delitos de detención ilegal (artículo 167 CP), vulneración derechos fundamentales (art. 542 CP) y prevaricación judicial (446 CP), en las sucesivas resoluciones que impidieron primero a Jordi Sánchez acudir al debate sobre su investidura y, después, la que encarceló a Jordi Turull entre la primera y la segunda votación de su debate.
En los cerca de seis meses entre las elecciones catalanas y la formación del Govern, cuatro fueron los candidatos propuestos para la investidura, contando a Quim Torra, el único que logró convertirse en president. En el caso de Sánchez y Turull, a ambos se les impidió desde el Supremo asistir a los debates, por lo que no pudieron presentar su candidatura. En el caso de Sánchez, además, la sala de Apelación reafirmó la negativa a que fuera puesto en libertad, razón por lo que la denuncia también se dirige contra los tres integrantes de esta.
El presidente del Parlament ha hecho este anuncio en un acto de la fundación de ERC, en el que se ha comprometido a “no retroceder ni un milímetro” en el compromiso de “defender los derechos políticos de todos los diputados”.
