La jueza procesa al delegado del Govern en Suiza por el 1-O y eleva a 33 los altos cargos a un paso del banquillo
La jueza de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha procesado al delegado del Govern en Suiza, Manuel Manonelles, y a otros dos altos cargos del Govern por su presunta participación en la organización del referéndum. En un auto, la magistrada procesa por malversación de fondos públicos (delito castigado con hasta ocho años de cárcel), prevaricación y desobediencia a Manonelles así como al actual director general de medios de comunicación del Govern, Ignasi Genovès, y a la directora de servicios de la conselleria de Políticas Digitales y Administración Pública, Teresa Prohias.
Con estos, ya son 33 los empresarios, funcionarios y altos cargos, entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, procesados por la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Asimismo, la magistrada ha ampliado los delitos por los que en abril procesó al actual director general de Relaciones Institucionales y excargo de Exteriores Aleix Villatoro y a la directora de servicios de la conselleria de Exteriores, Marta Garsaball.
Villatoro suma la desobediencia a la malversación, revelación de secretos y prevaricación por los que fue procesado, mientras que a Garsaball, en abril procesada por falsedad documental, la jueza le añade los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. Cabe recordar que los 30 procesamientos del mes de abril están pendientes de ser confirmados por la Audiencia de Barcelona tras los recursos de las defensas.
En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, la magistrada expone las partidas de los presupuestos de la Generalitat presuntamente relacionadas con el 1-O por las que procesa a los altos cargos. La jueza destaca asimismo que el Tribunal Supremo consideró probado que algunas partidas se dedicaron al procés en su sentencia del pasado mes de octubre, lo que le sirve de respaldo para el procesamiento. Es el caso de los pagos por valor de 123.500 a una fundación suiza que Manonelles autorizó en septiembre y octubre de 2017.
Según argumenta la magistrada, se trataba de un contrato suscrito para analizar “los retos y tendencias globales en paz y seguridad”, pero que en realidad sirvió para costear la estancia de observadores internacionales el 1-O. Al haberse suscrito después de que el Constitucional anulara las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum, la jueza procesa a Manonelles por desobediencia, prevaricación y malversación.
En el caso de Prohias y Genovés, la jueza les procesa por la adjudicación por 10.829,5 euros del anuncio del registro de catalanes en el exterior, considerado por el Supremo y la magistrada como parte de la promoción del referéndum. Genovés también ha sido procesado por destinar 80.440,19 euros a, en palabras de la instructora, “publicidad institucional relacionada con el referéndum”, y por el anuncio del registro en el que aparecía un “sí o no” sobre el mapa de Catalunya. El contrato ascendió a 130.865, si bien la cantidad no fue pagada. Y de Garsaball se indica que autorizó el desarrollo informático del registro de catalanes en el exterior “con miras al referéndum del 1 de octubre”.
