La Generalitat alega que la presa que se quitó la vida tras siete meses en aislamiento no presentaba riesgo de suicidio
Visto para sentencia el juicio contra la Generalitat por el suicidio de la presa Raquel E.F.. En la última sesión del juicio, el abogado de la Generalitat ha insistido en que la interna no presentaba un riesgo de suicidio y que las autolesiones que se practicó Raquel E..F antes de quitarse la vida eran “de escasa gravedad” y vinculadas a un “ánimo reivindicativo” para lograr salir del aislamiento y lograr más visitas con sus familiares.
Para que la Generalitat sea condenada a indemnizar a la familia, hay que demostrar que la administración mantuvo una dejación de funciones y no activó el protocolo antisuicidios pese a saber de las tendencias autolesivas de la interna. Es decir, que hubo una relación causal entre la inacción de los servicios penitenciarios y el suicidio. Así lo cree la familia de la interna, representada por el letrado del centro Iridia Andrés García Berrio.
El caso de Raquel E.F., que se suicidó en la cárcel de Brians el año 2015, puso en el primer plano la dureza del régimen de aislamiento penitenciario y llevó a la conselleria de Justicia a acometer varias reformas para mejorar las condiciones de los internos: se redujeron de 22 a 18 horas el máximo que los presos podían pasar encerrados en la celda y se redactó un nuevo protocolo antisuicidios.
La familia reclama reclama 20.000 euros a la administración porque, a su juicio, la Generalitat es responsable de la muerte de Raquel al haber omitido los avisos que dio la propia interna antes de quitarse la vida. En este sentido, García Berrio ha recordado el intento de quemar la celda que hizo la interna, las autolesiones que se practicó con un cristal o la retirada de las sábanas de su celda.
Estas tres cuestiones quedaron plasmadas en informes de la cárcel que obran en la causa, pero ninguno de los responsables del centro, ni los psiquiatras ni los funcionarios que declararon como testigos en el juicio dijo recordarlos. Solo una funcionaria recordó que la interna sí verbalizó que se quería suicidar. “No quiero vivir, no quier vivir”, afirmó que dijo la interna una semana antes de suicidarse.
“Todas las señales de aviso se omitieron, no hubo una oportunidad para evitar la muerte, hubo varias y los mecanismos fallaron”, ha afirmado García Berrio en su informe final. El letrado ha destacado los fallos de coordinación entre los funcionarios, psicólogos y psiquiatras de guardia de la cárcel, ya que el facultativo que atendió a Raquel E.F. el día 10, un día antes del suicidio, no sabía nada de una intervención de funcionarios siete días antes, cuando se retiraron las sábanas de la celda. “Los gritos de auxilio los conocían el director del módulo de mujeres”, ha abundado el letrado.
Por contra, el abogado de la Generalitat ha rechazado que haya una “relación directa, inmediata y causal” entre la actuación de los servicios penitenciarios y el suicidio de la interna. Para empezar, porque del tratamiento que seguía en la cárcel no se concluyó que existiera riesgo de suicidio. “El riesgo de suicidio no existió, si se hubiese detectado se hubiera activado el protocolo y trasladado a la interna al módulo psiquiátrico”, ha cerrado el abogado.
