El PSC pide un informe a Borràs por impedir a Ciudadanos y PP acudir al órgano consultivo del Parlament

El Parlament aprobó la semana pasada una nueva ley antidesahucios que rescataba parte de la legislación tumbada por el Constitucional. Lo hizo con una amplísima mayoría de más del 85% de los diputados. Sin embargo un episodio que pasó desapercibido entre las bambalinas parlamentarias enervó al PSC, pese a que a apoyaba la norma. La Mes del Parlament, guiada por la secretaria general, impidió que Ciudadanos y PP pudieran paralizar la tramitación de la ley para someterla al Consejo de Garantías Estatuarias (CGE), bajo el argumento de que los populares no tienen grupo propio sino que forman parte del Mixto y, por tanto, la petición no cumple el requisito de estar avalada por dos grupos.

El PSC ha enviado una carta a la presidenta en la que le reclama que encargue un informe por escrito a la Secretaria General en la que se clarifiquen jurídicamente los hechos. Los socialistas consideran que lo que ocurrió en la Junta de Portavoces del pasado miércoles fue un atropello a los derechos de los diputados, a quienes se les vetó de la capacidad de acudir a un órgano consultivo con razones arbitrarias.

Según exponen, la idea de que el grupo Mixto no debe ser considerado un grupo con todos sus derechos es una interpretación nueva, porque en esta misma legislatura sí se había permitido que Ciudadanos y PP solicitaran un dictamen al CGE acogiéndose al artículo que estipula que debe pedirlo al menos dos grupos. Además, subrayan, el CGE no puso ningún problema en el pasado porque el PP no acudiera como grupo propio (no tiene suficientes diputados para constituirse como tal) sino en nombre del Mixto, formado completamente por diputados populares.

Después de que la Mesa rechazara el martes pasado la petición de dictamen hecha por estos grupos, el miércoles ambos pidieron una reconsideración que fue tratada en la Junta de Portavoces. Fue aquí cuando la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, emitió un “informe oral” sobre la situación en el que, según recogen los socialistas, la jurista aseguró que “existían argumentos tanto a favor como en contra de la admisión de la solicitud de dictamen”. Esta afirmación alarmó a los socialistas, que consideran que las decisiones del Parlament deben estar siempre tomadas con seguridad jurídica y sin dudas que puedan generar vicios de procedimiento.

El PSC reclama por esta razón que la presidenta requiera a Andreu para que elabore aquel informe por escrito, como un primer paso para examinar si se han vulnerado derechos de diputados. A más largo plazo, creen que habrá que acabar cambiando el reglamento para introducir mejoras, como el hecho de que las reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces sean registradas y recogidas por escrito, así como eliminar la prerrogativa única de que sea la presidenta la única que pueda pedir informes a los letrados y dar también esta opción a los grupos u otros organismos parlamentarios.