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Catalunya para sus obras públicas y cubrirá los costes de las constructoras

La Generalitat cambia de nuevo de criterio y suspende sus obras de construcción

Oriol Solé Altimira

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Tras dos semanas de reclamar al Gobierno central un endurecimiento del confinamiento, la Generalitat de Catalunya ha decidido parar todas sus obras públicas no esenciales y que a día de hoy seguían activas pese al estado de alarma. Así lo ha anunciado la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, en la rueda de prensa diaria del Govern sobre la situación del coronavirus en Catalunya.

La portavoz ha explicado que la suspensión de las obras afectará a un total de 37 proyectos, 17 de ellas ya suspendidos a petición de las empresas adjudicatarias. Budó también ha indicado que la Generalitat se hará cargo del coste en puestos de trabajo, fianzas o alquiler de maquinaria para las constructoras que se van afectadas por la suspensión de las obras públicas.

Preguntada por el coste de la medida, Budó ha explicado que la Generalitat todavía no ha calculado el dinero que tendrá que pagar a las constructoras, pero ha justificado la orden para suspender la ejecución de los proyectos para proteger “la salud pública” y la de los trabajadores.

La suspensión de las obras en Catalunya había motivado un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Barcelona –que ya había parado todos sus proyectos al inicio del estado de alarma– y la Generalitat, que los había mantenido pese a reclamar al Gobierno restringir la actividad económica a la esencial, esto es, la sanitaria, el transporte y la alimentación.

Budó ha justificado que la Generalitat haya tardado casi dos semanas en dictar la suspensión de las obras públicas por la centralización de competencias hacia el Gobierno que produjo la declaración del estado de alarma. “El Gobierno del Estado aprobó un decreto por el que solo se podían parar las obras públicas si las empresas que las realizan lo solicitaban”, ha expresado Budó, que ha precisado que la suspensión de las obras se ha aprobado modificando la ley de contratos públicos para sortear el decreto estatal.

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