Diez años en busca de justicia para las familias de las víctimas del accidente de tren de Castelldefels

Eidy Ayala ha acudido, como cada 23 de junio, hasta Castelldefels para homenajear y recordar a su hijo y a las otras 11 víctimas mortales que fallecieron en el accidente de tren del que este martes se cumple una década. Era la noche de San Juan y hasta Castelldefels se desplazaron en Cercanías miles de personas para celebrar la verbena en la playa. Pasaban pocos minutos de las 23:15 cuando se produjo la tragedia, de la que a nivel oficial, a día de hoy, se sigue responsabilizando a las víctimas por imprudencia al cruzar las vías por donde no debían.

Las familias de las víctimas siguen luchando 10 años después de los hechos, convencidas de que la administración –en concreto, Renfe y Adif– es responsable del atropello porque la estación incumplía las medidas de seguridad. La última demanda de las familias contra Renfe y Adif por responsabilidad patrimonial en el accidente está pendiente de resolución en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. “Esperemos que se haga justicia”, expresa Ayala, portavoz de los familiares. 

La investigación penal del caso, archivada en 2014, concluyó que un tren de Cercanías lleno de gente –no se sabe con certitud el número de pasajeros, aunque el máximo permitido por ley sería de 1.800 personas– paró en el apeadero de Castelldefels. Bajaron centenares de personas que llenaron el andén. El tren tardó más de cuatro minutos en cerrar puertas y ponerse de nuevo en marcha.

Para salir hacia la playa, había tres salidas: los tornos laterales, el paso subterráneo y una pasarela elevada, que sin embargo estaba cerrada. Menos de medio minuto después de que arrancara el Cercanías, por la otra vía pasó un Alaris a 140 km/h, que arroyó a decenas de personas que en ese momento cruzaban las vías o habían caído en ellas fruto de la aglomeración.

Todo ello llevó a la jueza que investigó el caso a concluir que no había responsables penales del  caso habida cuenta de la “notoria negligencia” de las víctimas por cruzar las vías, si bien dejó la puerta abierta a una reclamación administrativa ante la falta de medidas de seguridad específicas para que no se produjeran aglomeraciones en los andenes como la de la noche de autos. Y en ello están los familiares.

“De la situación no fueron responsables las víctimas, la gente en el andén se tenía que apoyar en el tren para no caerse y acabaron en las vías debido a la aglomeración que se produjo”, afirma la abogada de las víctimas, Núria López, que las representa gratuitamente. La letrada argumenta que se incumplieron el código técnico y de prevención de riesgos así como la ley de prevención civil, y denuncia que Adif y Renfe nunca han aportado los planes de autoprotección de la estación.

Por contra, los operadores ferroviarios mantienen que la estación contaba con las medidas adecuadas de seguridad. “El andén tiene 650 metros cuadrados, si el tren iba lleno había cinco personas por metro cuadrado. Unido a que el andén estaba poco iluminado la situación devino inviable”, replica López en base a los informes periciales que evaluaron la estación.

Más allá de la discusión jurídica y de los informes periciales, los familiares de las víctimas se han sentido abandonados durante esta década. “No hemos recibido apoyo en estos diez años y la justicia nos ha marginado y cerrado todas las puertas”, denuncia Ayala. López coincide con el diagnóstico: “La imagen que se vendió ante la opinión pública del accidente por parte de políticos y autoridades fue la de unos jóvenes que iban de fiesta y que cruzaron las vías porque no les importaba nada, y no fue así”.

El primer abogado de las familias hace diez años en la causa penal fue Andreu Van den Eynde, que también las representó gratuitamente. El abogado recuerda que el primer archivo del caso se dictó en menos de un mes –un 30 de julio, en víspera de vacaciones– y con la causa todavía secreta, y que no fue hasta que las familias recurrieron ante la Audiencia de Barcelona que los magistrados instaron a investigar más a fondo el caso.

“Hubo mucha presión para que el tema se olvidara rápido”, rememora el letrado, que también denuncia la falta de ayuda y apoyo psicológico a las familias por parte de las administraciones. “Les dejaron de lado y sufrieron una estigmatización brutal”, critica Van den Eynde, que destaca no obstante la fortaleza de unas familias “honestas y de gente humilde y trabajadora”. “Se les colgó muy fácilmente la etiqueta de imprudentes, si hubieran sido hijos de familias de Pedrables ya veríamos lo que hubiera pasado”, concluye el letrado.