El Tribunal de Cuentas archiva la causa contra Colau por los contratos menores del Ayuntamiento

La alcadesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo.

El Tribunal de Cuentas ha archivado el procedimiento abierto al Ayuntamiento de Barcelona por los contratos menores –los que no requieren de concurso público– que el consistorio de Ada Colau otorgó en el año 2016 al constatar que todos los proyectos financiados se llevaron a cabo y, por lo tanto, “no se ha producido perjuicio alguno” a las arcas municipales.

El juez afea a la entidad que denunció a Colau que promueva una "causa general" contra el consistorio

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En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el consejero de cuentas Diego Íñiguez expone que la Fiscalía advirtió de algunas “irregularidades” en los contratos menores del consistorio tras el informe de fiscalización realizado por el ente sobre el Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, el instructor del caso determinó que no había “supuesto alguno de responsabilidad contable” en las autoridades municipales, pues las “irregularidades” detectadas por el fiscal se habían subsanado.

El fiscal detectó “falta de documentación” que acreditara que siete contratos menores se habían efectivamente realizado, mientras que en otros cuatro expedientes se hallaron “deficiencias en la documentación” que certificaba la realización de los trabajos. Sin embargo, tras la aportación de documentos por parte del consistorio, el fiscal enmendó su punto de vista inicial y constató que sí se habían llevado a cabo todos los proyectos.

En conjunto, los contratos investigados alcanzaban los 292.088,77 euros y versaban desde obras de mantenimiento y climatización de dependencias municipales a asistencia jurídica para el proyecto de nuevo zoo o la redacción de proyectos para mejorar el asfalto de la ciudad.

Como el fiscal pidió el archivo del procedimiento, y una vez constatado que no se han desviado fondos públicos, el juez concluye que “no procede” la incoación de un juicio contable para determinar el reintegro del dinero. De este forma, se confirma el archivo de un caso similar a la denuncia de Ciudadanos ante el Tribunal de Cuentas por los contratos menores que el consistorio de Colau otorgó entre 2017 y 2020, que también fue desestimada por el ente fiscalizador.

Con este archivo, el frente judicial de Colau ante el tribunal solo queda integrado por la denuncia que Agbar interpuso contra la alcaldesa por el intento de municipalizar el agua y las subvenciones a entidades sociales. La multinacional, que ganó a Colau la guerra por la municipalización del agua, recurrió la decisión del ente fiscalizador de archivar el procedimiento por los estudios realizados por el consistorio para gestionar el servicio.

A la espera de resolución del recurso de Agbar, la causa –que todavía no se ha decidido si va a juicio– se limita a las subvenciones a entidades sociales –si bien no se concreta qué cuantía se investiga– y por una ayuda de 15.000 euros a los promotores de la consulta ciudadana sobre la gestión del servicio.

Se da la circunstancia de que las ayudas a entidades sociales también forman parte de una causa penal abierta en los juzgados de Barcelona a raíz de la denuncia de la opaca Asociación por la Transparencia y que la Fiscalía ya descartó que fueran delito. El juez tiene que decidir ahora sobre la petición de archivo de la alcaldesa tras censurar a la asociación denunciante su intento de crear una “causa general” contra el consistorio. Lo mismo ocurre en otra causa que afecta a la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, cuya defensa ha pedido el archivo.

La otra causa abierta contra la alcaldesa es la que versa sobre la denuncia de un fondo buitre al que el consistorio multó por no realojar a familias vulnerables que ocupaban uno de sus pisos, tal y como en 2019 indicaba la ley catalana de Vivienda ahora anulada. La jueza que archivó el caso en primera instancia debe ahora, por orden de la Audiencia de Barcelona, tomar declaración a la alcaldesa. Las otras diez denuncias contra Colau o miembros de su consistorio interpuestas por partidos políticos, multinacionales o fondos buitres y empresas hoteleras ya fueron archivadas.

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