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Castilla-La Mancha prevé profesionalizar este año el 90% del sector de la Dependencia

Centro sociosanitario.

Alicia Avilés Pozo

El Gobierno de Castilla-La Mancha profesionalizará el Sistema de Dependencia de Castilla-La Mancha casi en su totalidad a final de legislatura. Concretamente, estima que cuando finalice el año este sector quede profesionalizado en un 90%, tal y como ha avanzado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, quien ha destacado que en el último año y medio 2.970 personas que trabajan en este ámbito han obtenido una acreditación profesional, cifra que, a final de año, llegará a las casi 5.000 personas.

Hernando ha recordado que durante la anterior legislatura se convocaron dos procesos que no tuvieron presupuesto, algo que ha cambiado con el Ejecutivo de Emiliano García-Page. “Es decir, Cospedal destinó cero euros a la profesionalización del Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha, mientras que nosotros destinamos 810.000 euros para que estas personas se pudieran acreditar”, ha remarcado.

Además, el Gobierno regional ha puesto en marcha 149 cursos de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a estas cualificaciones, tanto en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales como en ayuda a domicilio, para casi 2.500 alumnos y un presupuesto de 4.679.000 euros.

El portavoz de la Junta ha destacado que Castilla-La Mancha es “pionera” en poner en marcha el procedimiento extraordinario de Habilitación Excepcional para personas mayores de 55 años y sin estudios. “Reconocemos la experiencia en el sector de la Dependencia de estas personas trabajadoras que, de otro modo, no se podrían haber acogido a los procesos abiertos para la acreditación profesional”, ha señalado.

En este sentido, Hernando ha asegurado que estos procesos dotan de seguridad a un sector eminentemente femenino ya que “al tener estas personas reconocidas sus competencias laborales obtienen un título que hace que estas trabajadoras puedan integrarse en el mercado laboral de una forma más competitiva y con seguridad laboral y jurídica, puesto que con este reconocimiento se disminuye la falta de contratos de estas profesionales y saca su trabajo de la economía sumergida”.

Así, ha añadido que este sector es un “importante yacimiento de empleo” en la región, donde las personas que trabajan son principalmente mujeres, por lo que “procurar un mayor grado de profesionalidad es también reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en la región”.

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