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Primavera Europea presenta sus propuestas para la lucha contra la corrupción

Esther Moreno y Noelia Seller en los Juzgados de Toledo

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En representación de Primavera Europea, Esther Moreno, del Partido Castellano y número seis en la lista para las Elecciones Europeas y Noelia Seller, de EQUO se han personado en los Juzgados de Toledo para entregar documentos oficiales a Juan Ramón Brigidano, Juez Decano de Toledo, y Luis Ibáñez Cuesta, Fiscal Jefe de Toledo, en el que la coalición Primavera Europea solicita que se incrementen los recursos materiales y humanos usados por la Justicia para la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa se repetirá también en la Eurocámara, para impulsar el aumento de estos recursos en todos los países de la Unión Europea, además de instar al Consejo General del Poder Judicial, a las Asociaciones Profesionales de Jueces y Fiscales, y a la Fiscalía General del Estado a la dotación de los citados medios materiales y humanos para impulsar la investigación de la corrupción.

Ambas candidatas han resaltado que las encuestas y sondeos, como el Barómetro del CIS de febrero, que la corrupción y el fraude fiscal constituyen la segunda preocupación de los ciudadanos españoles, llegando a un 44,2% en dicho estudio. Los numerosos casos de corrupción, entre los que han citado la Operación Pokemon, la trama Gürtel, la situación de los Expedientes de Regulación de Empleo de Andalucía, entre otros, han generado una alarma social entre la población, además de convencer a la coalición de que no existe efectividad real en la Justicia a la hora de castigar a los culpables o en la devolución de los fondos sustraídos.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial apuntan a que existen alrededor de 2000 causas abiertas en España por corrupción, mientras que en el último Informe de la Corrupción de la Comisión Europea señala los escasos controles a las que se ven sometidas las Administraciones autonómicas y locales en España a la hora de ejecutar el gasto público. Con este tipo de fallos, los más afectados y perjudicados, apuntan, son los ciudadanos de la Unión Europea.

A esto se le suma que la Unión Europea tiene “en su punto de mira” a España, respecto a la financiación de los partidos políticos, corrupción local y regional, la contratación pública ny gestión del urbanismo, señalando también en su último Informe que es necesario un aparato judicial fuerte y eficiente.

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