Los conductores se alzan de nuevo para impedir la retirada de la mitad de los trabajadores
Diferentes sindicatos regionales han convocado dos fechas de paro para los trabajadores de los cinco parques móviles de la Junta de Castilla-La Mancha, para exigir que el plan de Recursos Humanos de la Administración, que afecta a 76 de los 154 trabajadores de la plantilla. Los sindicatos CCOO, UGT, STAS y CSIF, denuncian que, sin llegar a un año de la finalización de los trabajos del Parque Móvil, la Administración ha presentado un plan de recursos humanos que reduce la cartera de servicios, y que traslada los servicios urbanos e interurbanos de menos de 300 kilómetros a empresas privadas de mensajería o paquetería, servicios de taxi o la conducción de los mismos funcionarios.
La Administración justifica este cambio con un ahorro de dos millones de euros, pero admite a la vez que la partida presupuestaria para taxis y mensajería tendría que aumentarse. Ante la situación, los sindicatos afirman que no existen realmente razones económicas para llevar a cabo este plan, y que de hecho la administración está ocultando que se está contratando de forma paralela personal “a dedo”, retirando así personal público. Los informes justificativos no mencionan las cuantías pendientes por presupuestar que se destinarán a la cobertura privada de los mismos servicios. Por otro lado las organizaciones sindicales aseguran que el cálculo del coste de los servicios se ha hecho a través de una manipulación de los datos, mezclando intencionalmente datos de los picos más altos de plantilla con los más bajos de servicio. Además, en las nuevas partidas no se cuantifica el coste añadido en los servicios especiales y en el transporte sometido a riesgo biológico.
Así se considera no sólo que el Plan de Recursos Humanos supone el incumplimiento del convenio colectivo recientemente firmado y de la regulación decretada para la organización, uso y gestión de los parques móviles, sino que también la intención de la administración con estas medidas es la de privatizar un servicio público, que funciona correctamente, y disponer de un servicios que pueda ser usado sin control funcional, pagado por los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
